La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional aprobó, con el respaldo de nueve legisladores, el informe necesario para el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer. Esta decisión surge tras un análisis técnico y jurídico exhaustivo que busca modernizar el marco normativo sanitario vigente en el país.

La moción, liderada por la legisladora Annabella Azin, pretende establecer una estructura permanente para la prevención y el diagnóstico temprano de esta patología. Bajo la rectoría del Estado, el Sistema Nacional de Salud deberá garantizar que el tratamiento y la rehabilitación sean derechos efectivos para todos los ciudadanos ecuatorianos sin distinción alguna.

Estructura y principios de la propuesta normativa

El proyecto que reposa en la Asamblea Nacional se organiza en siete capítulos fundamentales que abordan desde la bioética hasta la participación ciudadana. Los principios rectores de esta ley incluyen la equidad, la universalidad y la humanización del servicio médico, asegurando que cada paciente reciba atención basada en rigurosa evidencia científica actualizada.

Durante la construcción del texto, se incorporaron múltiples observaciones provenientes de diversos sectores de la sociedad civil y la academia. Este fortalecimiento técnico asegura que la normativa guarde concordancia total con la Constitución y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos fundamentales y el acceso a la salud integral.

Garantías laborales y el derecho al olvido oncológico

Uno de los puntos más destacados procesados por la Asamblea Nacional es la protección de la estabilidad laboral reforzada para quienes padecen la enfermedad. Esta medida sigue la jurisprudencia de la Corte Constitucional, evitando que el diagnóstico médico sea motivo de despido o discriminación dentro del entorno de trabajo público o privado.

Asimismo, se introduce el concepto de "olvido oncológico", una garantía que prohíbe a las entidades financieras y de seguros exigir antecedentes médicos a personas ya recuperadas. Esta disposición busca eliminar las barreras que históricamente han limitado el acceso a servicios básicos para quienes han superado con éxito un proceso de recuperación oncológica.

Obligaciones para prestadores y cuidados paliativos

La normativa discutida en la Asamblea Nacional impone obligaciones estrictas a los prestadores de servicios de salud, tanto del sector público como del privado. Estos deben cumplir rigurosamente con los protocolos clínicos y garantizar el derecho al consentimiento informado, asegurando que la información proporcionada a las familias sea siempre clara, transparente y oportuna.

Por otro lado, se hace un énfasis especial en los cuidados paliativos integrales, reconociendo que el acompañamiento médico debe ser constante en todas las etapas de la enfermedad. La ley busca que el apoyo psicológico no sea un servicio opcional, sino una parte esencial del protocolo de atención estatal y particular.

Protección integral para la niñez y adolescencia

Dentro del debate en la Asamblea Nacional, se priorizó un capítulo dedicado exclusivamente a la atención de niños, niñas y adolescentes. Bajo el principio del interés superior del menor, se establece un enfoque diferenciado que contempla no solo el tratamiento físico, sino también la continuidad educativa y el apoyo emocional para el núcleo familiar afectado.

Este apartado garantiza que los menores tengan acceso a diagnósticos oportunos y a un registro dinámico de medicamentos especializados. La intención es que el sistema de salud pueda reaccionar con agilidad ante casos pediátricos, permitiendo una actualización eficiente del Cuadro Nacional Básico de Medicamentos según los estándares de calidad internacionales.

Institucionalidad y financiamiento del sistema

Para asegurar la viabilidad de la ley, la Asamblea Nacional contempla la creación del Plan Nacional del Cáncer y un Comité Nacional especializado. Estos organismos serán los encargados de gestionar el Registro Nacional del Cáncer, una herramienta técnica que permitirá medir la incidencia de la enfermedad y optimizar la Red Nacional de Atención Especializada en todo el territorio.

En cuanto al financiamiento, el proyecto identifica recursos específicos provenientes de la contribución especial a las operaciones de crédito. Estos fondos tendrán un uso exclusivo y transparente, bajo el control estricto de la autoridad sanitaria, para evitar el desvío de capital y asegurar que los recursos lleguen directamente a la atención de los beneficiarios.

Conclusiones y próximos pasos parlamentarios

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional recomienda ahora al Pleno la aprobación definitiva de este proyecto, fundamentado en las directrices de la OMS y la OPS. La legisladora Azin enfatizó que el cáncer es una realidad creciente que requiere una respuesta legislativa coherente, técnica y, sobre todo, profundamente humana frente a las necesidades de los pacientes.

El documento final no solo mantiene la esencia de los diálogos iniciales, sino que perfecciona los mecanismos de articulación institucional para mejorar la vida de miles de familias. Con este paso, el país se encamina hacia una política de Estado que trasciende gobiernos y se enfoca en la protección estructural del derecho a la existencia digna.