La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional avanzó el 2 de febrero en el trámite de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Se incluyó parcialmente ocho pruebas nuevas presentadas por los asambleístas proponentes de la Revolución Ciudadana (RC): Viviana Veloz, Raúl Chávez, Xavier Lasso, Liliana Durán y Franklin Samaniego.

Esta decisión, tomada durante una sesión vespertina, responde a la necesidad de sustanciar las acusaciones por presuntas irregularidades en el sistema judicial. De las solicitudes, seis memorandos con pruebas nuevas fueron descartados, mientras que dos fueron aceptados: la comparecencia de Godoy ante el pleno de la Asamblea el 5 de enero de 2026 y un audio de María José Guadamud, exesposa de Roger Tumalli -exdirector jurídico de la Judicatura y amigo de Godoy-, donde se afirma que Tumalli entregó a la jueza Nubia Vera una memoria USB con una supuesta sentencia contra la acción de protección de la exvicepresidenta Verónica Abad.

Desarrollo de la sesión

La moción para la inclusión parcial fue presentada por la vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Tapia de Acción Democrática Nacional (ADN), y aprobada con seis votos a favor del oficialismo y cuatro abstenciones de la RC. Tapia argumentó que no se verificaron justificaciones para incluir las pruebas al 29 de enero de 2026, fecha de la solicitud inicial de juicio político, ni si los proponentes conocían los hechos previamente.

Previamente, el equipo asesor de la comisión observó que gran parte de la prueba documental nueva no estaba debidamente justificada. Entre los pedidos desechados figuran documentos sobre el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano, la exdirectora provincial de la Judicatura de Orellana Samantha Lozada, y la comparecencia de la jueza Nubia Vera, quien resolvió una acción de protección de Abad en la Comisión de Justicia el 26 de diciembre de 2024.

Pugna entre bancadas

Esto generó pugna de argumentos entre asambleístas de ADN y RC. Ana Herrera de la RC refutó que negar las pruebas pertinentes no es solo jurídico, sino político, y representa una omisión. "Dar paso a estas pruebas nuevas no solo es jurídicamente procedente, sino que es políticamente obligatorio", sostuvo Herrera, calificando de vergonzoso no incorporar evidencia clara.

Viviana Veloz, proponente del juicio, consideró sesgada la postura del equipo asesor, ya que los hechos solicitados son verificables y coherentes con las motivaciones del proceso. "La comisión está impidiendo que se comprueben o descarten hechos que se están imputando", señaló. Estos argumentos fueron reiterados por Franklin Samaniego, Luis Fernando Molina y Janeth Bustos de la RC, quien enfatizó que se deben admitir todas las pruebas evidentes, ya que surgirán más denuncias.

Posición del presidente de la comisión

Antes de la votación, Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión, argumentó que los proponentes no justificaron la inclusión y advirtió que admitir pruebas sin sustento podría vulnerar el derecho a la defensa de Godoy. Álvarez se comprometió a respetar el marco constitucional y legal, sin ceder a presiones políticas o mediáticas.

Explicó que muchas pruebas se niegan porque se atan a hechos nuevos no incluidos en la solicitud inicial. Para el 3 de febrero de 2026, a las 10h00, se inicia el desarrollo de la prueba documental por parte de los proponentes y Godoy. Desde el 4 de febrero, se evacuará la prueba testimonial con 19 personas, incluyendo jueces anticorrupción, abogados, periodistas y académicos.