La pugna política entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Guayaquil alcanzó un nuevo punto de ebullición la noche de este martes 27 de enero. Tras la difusión de un video donde el alcalde de la urbe porteña lanzaba severas críticas contra la gestión del presidente Daniel Noboa, la respuesta oficial no tardó en llegar. El encargado de confrontar al burgomaestre fue el Secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira, quien utilizó sus canales oficiales para cuestionar la narrativa del alcalde y recordarle sus cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana en el marco del Caso Triple A.

El funcionario gubernamental fue directo al señalar que el video de casi doce minutos publicado por Álvarez no es más que una maniobra de distracción frente a las investigaciones por presunto tráfico de combustibles. "11 minutos para tratar de DESVIAR la atención, como DESVIASTE cientos de miles de galones de combustible con subsidio hacia tus millonarios negocios", sentenció José Julio Neira. Con esta declaración, el Gobierno ratifica su postura de que las acusaciones de Álvarez sobre seguridad y salud son un intento de mitigar el impacto mediático de la audiencia de juicio programada para este fin de semana.

Las pruebas se verán en "pantalla gigante" según el Gobierno

Uno de los puntos más álgidos de la respuesta de José Julio Neira hace referencia a la transparencia y la carga probatoria que la Fiscalía y los entes de control aseguran tener contra el alcalde y las empresas involucradas. El Secretario de Integridad Pública recordó una promesa previa del propio Álvarez sobre la exposición de las evidencias en el proceso judicial. "Las pruebas se las practica frente a los jueces y todos las veremos en pantalla gigante, como ofreciste", arremetió el funcionario, sugiriendo que el escenario para la defensa no debe ser las redes sociales, sino los tribunales de justicia.

La confrontación escala en un momento donde la opinión pública observa con atención las inconsistencias detectadas por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). Las investigaciones sugieren que empresas vinculadas a la familia de Álvarez habrían recibido millones de galones de hidrocarburos que no guardan relación con sus registros de facturación. En este sentido, José Julio Neira enfatizó que el foco debe mantenerse en el presunto perjuicio al Estado por el uso indebido de combustibles subsidiados, un tema que el alcalde evitó profundizar en su video de denuncia política.

El fin de las estrategias dilatorias en el sistema judicial

La expectativa del Ejecutivo es que el proceso judicial finalmente avance sin los contratiempos que han marcado los últimos meses. Desde el inicio del caso, se han registrado 13 suspensiones de audiencias, muchas de ellas calificadas por las autoridades como maniobras de la defensa para ganar tiempo. Por ello, José Julio Neira cerró su mensaje con una advertencia clara sobre la diligencia prevista para el sábado 31 de enero: "Esperamos que esta vez no intenten diferir la audiencia", puntualizó el Secretario, subrayando la vigilancia del Gobierno sobre el comportamiento de los abogados procesados.

El intercambio de acusaciones entre el alcalde y José Julio Neira deja claro que el Caso Triple A ha dejado de ser un asunto meramente técnico-legal para convertirse en el epicentro de la batalla política en Ecuador. Mientras Álvarez asegura ser un perseguido por representar una amenaza electoral, el Gobierno, a través de sus secretarios, sostiene que se trata de un caso de corrupción hidrocarburífera que debe ser juzgado con rigor. La audiencia del sábado será determinante para definir si el proceso entra en su etapa final o si se suma una nueva postergación a la ya extensa cronología de fallidos intentos judiciales.