El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este lunes 7 de julio el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, como parte de una reestructuración para reducir costos y combatir la corrupción en la obra pública. Las funciones de estas entidades serán redistribuidas al Ministerio de Economía y a una nueva agencia de control, según un decreto oficial.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, señaló en rueda de prensa que la medida marca el fin de “un ícono de la corrupción” en la gestión de obras viales. El decreto destaca que la DNV, encargada de la construcción y mantenimiento de carreteras, operaba con una estructura compleja y altos costos que no responden a las necesidades actuales. Según datos oficiales, la gestión estatal directa de mantenimiento vial es menos eficiente que las concesiones privadas. Lo que justifica la transferencia de funciones al sector privado para generar ahorros significativos.
Los cambios que se darán tras esta decisión
Las responsabilidades de estudio, construcción y conservación del sistema troncal de carreteras, antes manejadas por la DNV, pasarán al Ministerio de Economía. Mientras tanto, la fiscalización de las concesiones viales, tanto actuales como futuras, será asumida por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Este reemplaza a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Esta reestructuración busca optimizar recursos y agilizar la ejecución de proyectos, según el gobierno.
El cierre de estas entidades se enmarca en la política de Javier Milei de reducir el gasto público y simplificar la estructura estatal. En 2024, el gobierno reportó que las concesiones viales privadas generaron ahorros de hasta un 30% en comparación con la gestión estatal directa, según un informe del Ministerio de Economía. Sin embargo, la disolución de la ANSV y la DNV ha generado preocupación entre expertos. Ellos advierten que la supervisión de la seguridad vial podría debilitarse si no se garantizan recursos suficientes para la nueva agencia.
Una nueva agencia y reorganización
Adicionalmente, el decreto crea la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, reorganizando la Junta de Seguridad en el Transporte. Esta nueva entidad se enfocará en investigar incidentes aéreos para mejorar la seguridad, aunque no se han detallado los recursos asignados para su funcionamiento. La decisión llega tras meses de críticas a la gestión de la obra pública en Argentina, donde se han denunciado irregularidades en contratos viales.
Adorni afirmó que el cierre de Vialidad Nacional es un paso hacia la transparencia y la eficiencia. Aunque no se han proporcionado detalles sobre los ahorros proyectados o el impacto en los trabajadores de las entidades disueltas. La reestructuración ha generado debate en el sector del transporte. Mientras el gobierno destaca los beneficios económicos, asociaciones de seguridad vial han solicitado aclaraciones sobre cómo se garantizará el control y la calidad de las carreteras bajo el nuevo modelo. Por ahora, el Ejecutivo se centra en consolidar estas reformas como parte de su agenda de reducción del Estado y lucha contra la corrupción.
