La Fiscalía General del Estado procesó a María Belén P. O., alias "La Diabla", presunta integrante del grupo delictivo "Latin King", por el delito de tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, tras su aprehensión en un operativo realizado en el sector Cerro Redondo, en Durán, provincia del Guayas, luego de recibir información reservada sobre almacenamiento de armamento.
Operativo y evidencias incautadas
El procedimiento se ejecutó en un inmueble ubicado en Cerro Redondo, donde agentes de la Policía Nacional realizaron un allanamiento basado en labores de inteligencia. Según el parte informativo, el operativo permitió la captura de la sospechosa en una de las habitaciones del domicilio.
Durante la intervención, otra persona logró huir del lugar, mientras que María Belén P. O. fue retenida por los agentes. La actuación policial se produjo tras el levantamiento de información reservada que alertaba sobre la posible existencia de armamento en el inmueble.
En el sitio se encontraron varios indicios vinculados a la investigación, entre ellos una pistola calibre 9 mm con su cargador, municiones, material explosivo pirotécnico, además de panfletos con mensajes extorsivos, un teléfono celular y tres uniformes similares a los de las Fuerzas Armadas.
Audiencia y medidas judiciales
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal del caso presentó como elementos de convicción el parte policial, las versiones de los agentes aprehensores y las evidencias recolectadas durante el allanamiento.
Tras analizar los elementos expuestos, el juez de Garantías Penales de turno resolvió dictar medidas sustitutivas a la prisión preventiva. En este caso, se dispuso el arresto domiciliario para la procesada.
La decisión judicial se fundamentó en la condición de la imputada, quien registra treinta y siete semanas de gestación, situación que fue acreditada mediante certificación médica presentada en la audiencia.
Investigación en curso y base legal
La Fiscalía informó que la instrucción fiscal tendrá una duración de treinta días, periodo en el cual se desarrollarán varias diligencias investigativas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Entre las pericias previstas se incluyen análisis balísticos para establecer si el arma incautada ha sido utilizada en otros hechos delictivos. Estos estudios forman parte de los procedimientos técnicos habituales en casos relacionados con tráfico de armas.
El proceso se sustenta en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que tipifica el delito de tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. Esta infracción contempla una pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años, de acuerdo con la legislación vigente en Ecuador.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar posibles vínculos con otras actividades delictivas y la participación de terceros, incluyendo la persona que logró escapar durante el operativo.
