El Municipio de Guayaquil rechazó la disposición del Gobierno central que ordena a la Prefectura del Guayas anular el registro ambiental de la solución vial en la avenida del Bombero. Durante una rueda de prensa en el Salón de la Ciudad, autoridades municipales, acompañadas por 12 concejales y representantes de la ciudadela Los Ceibos y el Colectivo Vía a la Costa Progresa, cuestionaron la legalidad y las intenciones detrás de esta medida.
La obra en la avenida del Bombero, que es financiada con más de USD 15,4 millones por la CAF, busca, según la alcaldía, mejorar la movilidad en el sector oeste de la ciudad. Isabel Tamariz, directora de Ambiente, encabezó las críticas al señalar que el informe del Ministerio de Ambiente carece de rigor técnico. “Nos preocupa profundamente cómo comparan un paso elevado con una pavimentación de 42 kilómetros, usando la normativa ambiental de forma arbitraria”, afirmó.
Además, alertó que el documento amenaza a la Prefectura con retirar su acreditación ambiental, lo que podría paralizar otros proyectos clave. Por su parte, la vicealcaldesa Tatiana Coronel denunció un trasfondo político en la resolución. “Quieren dañar una relación de 30 años con la CAF y frenar el desarrollo de Guayaquil”, expresó.
Reacciones por conflicto en la avenida del Bombero
También se hizo un llamado a la ciudadanía a defender el orgullo guayaquileño este viernes 25 de julio, Día de la Fundación. Coronel subrayó que esta medida no solo afecta la solución vial, sino que busca humillar a la ciudad. El Concejo Municipal también alzó su voz contra la decisión. La concejal Emily Vera calificó la revocatoria como un ataque a la descentralización, advirtiendo que establece un precedente peligroso. “No es la primera vez que luchamos por lo nuestro; recuerden los ocho meses que tardaron en firmar la garantía soberana del Quinto Acueducto”, recordó.
El impacto económico de la medida preocupa a las autoridades. Carlos Vásquez, director de Obras Públicas, destacó que cerca de 30.000 empleos y 40 obras municipales, con una inversión superior a USD 100 millones, están en riesgo. “Parques, canchas en Sergio Toral y el abastecimiento de agua en Monte Sinaí con el Quinto Acueducto dependen de estos créditos con la CAF”, explicó.
El conflicto comenzó el 11 de julio, cuando el Ministerio del Ambiente ordenó suspender la obra tras denuncias ciudadanas sobre impactos ambientales, un argumento que el Municipio rechaza por falta de pruebas. La Prefectura, obligada a acatar la disposición, generó tensiones con el alcalde Aquiles Álvarez, quien acusó al Gobierno de motivos políticos. El 23 de julio, el Ministerio formalizó la revocatoria del registro ambiental, argumentando un impacto ambiental alto que requiere licencia, no registro, un punto que el Municipio disputa con informes técnicos propios.
Tensiones entre el gobierno y el municipio de Guayaquil
La comunidad también se divide. Mientras colectivos como Acción Los Ceibos exigen transparencia y un peritaje ambiental, otros, como Vía a la Costa Progresa, respaldan la obra con más de 80.000 firmas recogidas desde el 18 de julio. El Municipio insiste en que cumplió todos los requisitos legales, respaldado por inspecciones de la CAF el 21 de julio que constataron el cumplimiento técnico. Ante esta crisis, el Municipio planea acciones legales y busca apoyo ciudadano.
La rueda de prensa del 24 de julio marcó un punto de inflexión, uniendo a autoridades y habitantes en un frente común. “No nos quedaremos de brazos cruzados”, advirtió Álvarez, prometiendo defender los intereses de Guayaquil. En 2025, existen tensiones entre el gobierno nacional y el municipio de Guayaquil, principalmente debido a deudas pendientes, retrasos en contrataciones públicas y desacuerdos sobre competencias y proyectos, como el parque Samanes.
Mientras que, en 2024, surgieron tensiones entre el Gobierno y el municipio de Guayaquil, especialmente en torno a la autonomía municipal y la gestión de recursos. El gobierno central intentó asumir competencias sobre ciertas vías y proyectos, generando preocupaciones en el municipio sobre la descentralización y la inversión en obras públicas. Además, hubo reclamos sobre retrasos en los pagos de rentas por parte del Gobierno central, lo que afectó las finanzas municipales.
