El Gobierno de Daniel Noboa solicitó a la Corte Constitucional (CC) una prórroga de quince días hábiles para entregar el texto íntegro del acuerdo de inversiones firmado con Emiratos Árabes Unidos (EAU) en diciembre de 2025. El pedido, realizado este jueves por el secretario jurídico Enrique Herrería, responde a la necesidad de coordinaciones con el Estado emiratí.
La jueza Claudia Salgado, quien avocó conocimiento de la causa el 15 de enero, había requerido el documento en inglés dentro de tres días el 26 de enero. El acuerdo, titulado "Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Árabes Unidos y el de la República del Ecuador para la promoción y protección recíproca de las inversiones", fue firmado por Noboa el 6 de diciembre de 2025 y enviado a la CC el 31 de diciembre para control de constitucionalidad. Este dictamen determinará si requiere aprobación de la Asamblea Nacional.
Detalles del acuerdo y correcciones
En paralelo, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 294 el 28 de enero, autorizando al embajador Felipe Ribadeneira en EAU a suscribir una fe de erratas. El decreto indica que el texto original contenía errores de forma y ortográficos por un "lapsus calami" en la traducción al español, sin afectar el contenido sustantivo.
Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la CC tiene 30 días para pronunciarse desde la publicación en el Registro Oficial. Este plazo permite intervenciones ciudadanas en diez días para defender o impugnar la constitucionalidad. Si no hay resolución, se considera informe favorable y se remite a la Asamblea.
Objetivos y preocupaciones
El Gobierno sostiene que el tratado fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones en sectores prioritarios como infraestructura, energía y tecnología, y reduce el riesgo país. Datos oficiales muestran que EAU invirtió $880.000 en Ecuador entre 2013 y 2024 en industria manufacturera y comercio no petrolero.
Según diario El Universo, organizaciones civiles expresan preocupación por la inclusión de arbitrajes internacionales para resolver conflictos. Christian Pino, exsecretario de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones (Caitisa), alertó en un conversatorio organizado por Ecuador No te Dejes que esto viola el artículo 422 de la Constitución, que prohíbe ceder jurisdicción soberana en disputas comerciales.
Contexto histórico y riesgos
Pino recordó que en abril de 2024, una consulta popular ratificó esta prohibición, rechazada por la ciudadanía. Advirtió que los tratados facilitan el flujo de capitales sin regulaciones, potencialmente beneficiando a economías criminales y exponiendo al Estado a demandas.
Luciana Ghiotto, investigadora del Transnational Institute (TNI) y exintegrante de Caitisa, señaló que Ecuador es el quinto país más demandado en la región, con 30 acciones internacionales que costaron $1.700 millones en pagos a inversores en quince casos perdidos.
