El jefe operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Dávila, admitió el 21 de octubre de 2025, ante la Asamblea Nacional, que el video de la muerte de Efraín Fuerez durante una protesta indígena en Cotacachi, Imbabura, muestra un uso excesivo de la fuerza, no progresivo. Mientras tanto, la Fiscalía enfrenta demoras en la investigación por falta de información militar. “Nunca he recibido ni dado una orden de violentar. Esto no es uso progresivo de la fuerza, porque excede lo que corresponde”, afirmó.

Obstáculos en la investigación judicial

El incidente ocurrió durante una protesta indígena, cuando Efraín Fuerez fue herido por proyectiles. Además, militares golpearon a una persona que intentaba protegerlo, según un video de cámaras de seguridad. A pesar de la gravedad, no hay procesados penalmente. Esto se debe a que la Fiscalía no ha identificado a los responsables debido a la falta de información de las Fuerzas Armadas.

La organización de derechos humanos Inredh informó a Ecuavisa que la Fiscalía ha solicitado reiteradamente los registros del personal militar involucrado. También pidió las grabaciones completas de las cámaras de seguridad del 29 de septiembre. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no han entregado esta información . Esto implica el incumplimiento de su obligación de colaborar con la justicia.

Investigación paralela y posible ejecución extrajudicial

Otra investigación, relacionada con la muerte de José Guamán en un contexto similar de protesta, también avanza lentamente. Ambos casos son analizados por posible uso ilegítimo de la fuerza. Esto podría derivar en la clasificación de ejecuciones extrajudiciales, dependiendo de las conclusiones de la Fiscalía.

La demora en la entrega de información militar genera preocupación en Inredh, que advierte sobre el impacto en el avance de las investigaciones. Las comunidades afectadas y los familiares de las víctimas exigen celeridad y transparencia en los procesos judiciales.

Contexto de tensiones y demandas de justicia

La muerte de Efraín Fuerez se enmarca en un contexto de crecientes tensiones entre movimientos indígenas y las fuerzas del orden en Imbabura. Allí, las protestas han escalado. El reconocimiento de Dávila sobre el uso excesivo de la fuerza pone en el centro del debate los protocolos militares en manifestaciones.

Organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía demandan que la Fiscalía identifique a los responsables y garantice justicia. La falta de cooperación militar sigue siendo un obstáculo clave. Mientras tanto, los casos de Fuerez y Guamán podrían sentar precedentes en la investigación de violaciones a los derechos humanos.