La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa sobre los procesos de contratación de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) durante la emergencia eléctrica de 2024, según anunció Roberto Luque, exministro encargado de Energía y Minas, en una publicación en su cuenta de X este miércoles. La investigación se centra en contratos adjudicados a las empresas Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM), que, según un informe de la Contraloría General del Estado, habrían generado un perjuicio de USD 140 millones al país.
Roberto Luque, quien asumió temporalmente el Ministerio de Energía y Minas entre abril y julio de 2024, expresó su compromiso de colaborar con la FGE para esclarecer los hechos relacionados con su gestión. “Soy el primero en informarle a la ciudadanía la apertura de una investigación previa por parte de la Fiscalía. Reconozco la importancia de ofrecer mi versión de los hechos”, afirmó en su comunicado. La emergencia eléctrica, declarada por el gobierno de Daniel Noboa en abril de 2024, permitió contrataciones directas para atender el déficit energético, pero ahora estos procesos están bajo escrutinio.
Hay irregularidades en los contratos con Progen
El informe de auditoría de la Contraloría, aprobado el 21 de julio, identificó irregularidades en los contratos con Progen para la instalación de centrales termoeléctricas en El Salitral (Guayaquil, Guayas) y Quevedo (Los Ríos). Estas habrían causado un perjuicio de USD 100 millones: USD 70 millones en El Salitral y USD 30 millones en Quevedo. Adicionalmente, el contrato con ATM para la central Esmeraldas III (91 MW) contribuyó a un daño estimado de USD 40 millones, totalizando USD 140 millones.
El contralor Mauricio Torres, en una entrevista radial el 22 de julio, detalló que los equipos de Progen no eran nuevos ni adquiridos directamente del fabricante, incumpliendo las condiciones contractuales. “Los equipos estaban cubiertos, y revisarlos podría afectar la garantía, pero hay documentos que confirman su uso previo”, explicó. En el caso de ATM, Torres señaló que los equipos operaron en 2016 en otro país, posiblemente en África, y que otra empresa con una mejor oferta fue descartada. “Por estos acuerdos tienen que responder las empresas y los servidores que cometieron estas faltas”, afirmó, indicando posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Roberto Luque, quien también fue gerente general de Celec antes de su rol ministerial, asumió el cargo tras la renuncia de Andrea Arrobo, solicitada por Noboa el 16 de abril de 2024, en medio de una crisis eléctrica que dejó al país con cortes prolongados de energía. Su gestión culminó el 2 de julio con el nombramiento de Antonio Goncalves como ministro titular. En su declaración, Roberto Luque subrayó que “cerrarle la puerta a la corrupción es abrir la puerta de la transparencia” . También aseguró su colaboración total con la justicia.
Emergencia eléctrica
La emergencia eléctrica de 2024 expuso vulnerabilidades en el sistema energético ecuatoriano, agravadas por la sequía que afectó la generación hidroeléctrica. Las contrataciones directas, habilitadas por el estado de emergencia, buscaban soluciones rápidas. Sin embargo, los hallazgos de la Contraloría han generado cuestionamientos sobre la transparencia y eficiencia en la gestión de Celec. La investigación de la FGE, aún en etapa previa, determinará si existen irregularidades que deriven en procesos judiciales.
El caso se suma a otros escándalos de contratación pública en Ecuador. Un tema sensible en un país donde la corrupción ha erosionado la confianza ciudadana. La Contraloría y la Fiscalía, como órganos de control, enfrentan la presión de garantizar resultados que esclarezcan las responsabilidades. Mientras tanto, la ciudadanía espera que las investigaciones aporten claridad sobre el manejo de recursos durante la crisis eléctrica. Un episodio que afectó a millones de ecuatorianos y puso en jaque la infraestructura energética del país.