La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Liz V. y Jennifer M. por su presunta participación en el delito de extorsión, luego de que, según la investigación, habrían exigido 10.000 dólares a una víctima a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia, en la ciudad de Portoviejo.

Denuncia y mensajes amenazantes

El caso se conoció tras la denuncia presentada por la víctima, quien alertó que recibía mensajes amenazantes a través de una aplicación de mensajería instantánea.

En los textos, según el reporte fiscal, se le exigía el pago de 10.000 dólares y se le indicaba que debía entregar el dinero en un centro comercial de Portoviejo, bajo advertencia de posibles represalias.

Con la información proporcionada, la Policía Nacional coordinó acciones con la Fiscalía para ejecutar un operativo controlado que permitiera identificar y detener a las presuntas implicadas.

Operativo y aprehensión en flagrancia

En el lugar acordado, la víctima entregó un sobre con dinero a dos mujeres que acudieron a recogerlo.

De inmediato, agentes policiales intervinieron y procedieron a la aprehensión en flagrancia de las sospechosas, quienes fueron puestas a órdenes de la autoridad competente.

Durante el procedimiento se encontró el sobre con el dinero entregado y se incautaron dos teléfonos celulares, dispositivos que serán sometidos a pericias técnicas para obtener información relacionada con el presunto delito.

Audiencia y medidas cautelares

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó como elementos de convicción el parte informativo policial, la versión de la víctima, las declaraciones de los agentes intervinientes, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y el acta de levantamiento de evidencias.

Con base en estos elementos, el Juez de Garantías Penales que conoció la causa dictó prisión preventiva para las procesadas y dispuso el inicio de la instrucción fiscal por 30 días.

Durante este período, la Fiscalía continuará recabando elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Marco legal

El delito de extorsión está tipificado en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece una pena privativa de libertad de tres a cinco años para quienes, mediante intimidación o amenaza, obliguen a otra persona a realizar u omitir un acto en perjuicio propio o de terceros.

Las procesadas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.