La Federación Nacional de Empleados de los Consejos Provinciales del Ecuador (FENACOPE) rechaza la Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea Nacional, por considerarla un retroceso en los derechos de los funcionarios públicos. Este 2 de julio, en Quito, planean movilizarse para exigir su derogación.

FENACOPE cuestiona la Ley de Integridad Pública

La Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio por la Asamblea Nacional con 84 votos, desató críticas entre los funcionarios públicos. Eddy Santana, presidente de FENACOPE, calificó la normativa como un retroceso. “Si no le caemos bien a una autoridad, nos botan con un sumario administrativo”, afirmó. La federación, que representa a empleados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, denuncia que la ley permite despidos arbitrarios y eleva la edad de jubilación a 65 años sin compensaciones adecuadas.

Santana señaló que la eliminación del artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) es el principal punto de conflicto. Este artículo garantizaba el debido proceso y la estabilidad laboral. Su supresión afecta a más de 635 mil funcionarios públicos en el país, según el dirigente. “La próxima semana presentaremos una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para restablecer el artículo 89”, anunció.

Jubilación y estabilidad laboral

La reforma eleva la edad de jubilación a 65 años, sujeta a decisiones discrecionales. Antes, los funcionarios públicos podían acogerse a la jubilación voluntaria desde los 60 años con compensaciones económicas. Ahora, quienes planificaban retirarse entre los 60 y 64 años perderán este beneficio. FENACOPE considera esta medida un retroceso en derechos adquiridos, afectando la planificación financiera de miles de trabajadores.

Además, la ley introduce evaluaciones semestrales que podrían derivar en despidos si los servidores no cumplen con criterios de “excelencia”. Santana defendió la necesidad de evaluaciones, pero exigió que sean objetivas. “No estamos en contra de la evaluación, pero debe ser justa, no basada en ideologías o preferencias”, enfatizó.

Movilización en Quito y Apoyo Sindical

Este 2 de julio, FENACOPE se reunirá con el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), representantes de municipios y empresas municipales en Quito. A las 16:00, marcharán hacia el Ministerio del Trabajo para exigir la defensa de la estabilidad laboral. La movilización busca visibilizar el impacto de la ley en los funcionarios públicos, especialmente en regiones como Portoviejo, Manabí, donde los trabajadores de la salud y educación han expresado su preocupación.

Organizaciones como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) y la UNE también planean acciones legales. Ambas presentarán demandas de inconstitucionalidad, argumentando que la ley vulnera el principio de unidad de materia al incluir reformas diversas, desde contratación pública hasta justicia penal juvenil.

La Asamblea Nacional defendió la ley, argumentando que promueve la transparencia y eficiencia. Sin embargo, las críticas persisten. La UNE convocó a una movilización el 11 de julio en Quito para exigir a la Corte Constitucional revisar las reformas.

FENACOPE y los sindicatos buscan que la Corte Constitucional declare la ley inconstitucional. Mientras, los funcionarios públicos de Manabí y otras provincias se organizan para defender sus derechos. La tensión entre el gobierno y los trabajadores crece, con posibles nuevas protestas en el horizonte.