La abogada María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, advierte sobre la falta de protocolos adecuados para proteger a jueces frente al crimen organizado y señala una respuesta estatal insuficiente ante el deterioro de la seguridad judicial en Ecuador.

La conclusión sale del estudio titulado 'Desprotección a operadores de justicia que combaten al crimen organizado en Ecuador' y que fue elaborado por la organización. El documento recoge testimonios directos de jueces y otros funcionarios judiciales que describen un escenario de vulnerabilidad sostenida.

Según el informe muchos operadores con alto nivel de riesgo no contaban con escolta policial ni medidas preventivas. En entrevista con Manavisión Plus, Miño amplía el alcance del informe.

¿Cuál fue el principal hallazgo que más les preocupó al elaborar este segundo informe?

Lo que más a nosotros nos preocupa, tanto en el primer informe como en este alcance que publicamos el día de ayer (lunes), fue el hecho de que hasta la fecha no se han creado por parte del Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Interior protocolos adecuados y suficientes para atender las emergencias de inseguridad para operadores de justicia en el contexto del crimen organizado.

Existe algún protocolo que se ensayó quizás en el año 2020 o un poquito antes, pero evidentemente este protocolo no responde a las realidades actuales ni a las amenazas actuales que enfrentan los jueces y operadores de justicia. Además, los procesos de asignación de seguridad son altamente discrecionales y no siguen reglas claras, lo que ha provocado que en casos concretos se retire la escolta precisamente cuando más se necesitaba".

El informe habla de una desprotección estructural. ¿Cómo se manifiesta esto en el día a día de jueces y fiscales?

Las amenazas que enfrentan los operadores de justicia vienen de dos vías. La más evidente es aquella del crimen organizado, cuando el operador judicial no es funcional o no se quiere prestar a esos intereses y ahí es cuando recibe amenazas de muerte. Pero también están expuestos a una cooptación que deriva de la desatención del Estado.

Si son jueces mal pagados, con jornadas extenuantes, que llegan a oficinas judiciales donde ni siquiera hay papel para imprimir o papel higiénico, esta situación de precariedad y abandono estatal facilita que las bandas del crimen organizado seduzcan a los operadores judiciales más frágiles y los cooptan.

María Dolores Miño - Abogada

Entre 2020 y 2025 se registran al menos 40 atentados contra operadores de justicia. ¿Qué patrones se repiten en estos ataques?

Son 40 ataques registrados efectivamente en ese tiempo y son de diversa índole. Algunos son ataques a dependencias judiciales, como bombas o amenazas con bombas; otros son amenazas directas de muerte a operadores judiciales; y también hay intentos de sicariato, especialmente contra fiscales en ciertas provincias. Hemos identificado que existen provincias, particularmente en la costa ecuatoriana, donde el nivel de riesgo es mayor y donde los operadores de justicia enfrentan condiciones más peligrosas.

¿Qué tan grave resulta la falta de controles de acceso y seguridad en los edificios judiciales?

Esta es una de las preocupaciones más graves que nos han expresado los operadores judiciales. Muchas veces llegan a edificios que no fueron diseñados para administrar justicia, que son casas alquiladas, sin salidas de emergencia adecuadas y sin personal de seguridad suficiente. Puede confluir en una misma sala el juez, la víctima y el acusado, sin que exista protección para ninguno. Esto expone al juez y a la víctima a riesgos reales y cotidianos, y no hay una capacidad real de respuesta frente a un ataque.

El informe señala que los riesgos no se limitan al lugar de trabajo. ¿Qué ocurre con la vida privada de los jueces?

El juez no deja de ser juez el sábado y el domingo. Si se ha convertido en un objetivo del crimen organizado, no deja de serlo fuera de su horario laboral. Acceder a escolta policial es complicado y se exige demostrar un riesgo elevado, lo que muchas veces implica haber sufrido ya un primer ataque, cuando la lógica debería ser preventiva. Además, la escolta suele ser limitada geográficamente y no cubre traslados personales ni la protección de la familia, lo que deja a los jueces en una situación permanente de vulnerabilidad.

¿Cómo influye la exposición de datos personales de jueces en portales públicos?

Hace falta un debate serio y profundo sobre los límites de la publicidad de los datos de los operadores de justicia. Hay información que debe ser pública en una democracia, como las declaraciones patrimoniales, pero los jueces consideran que la publicación de datos como su domicilio, cédula o información sobre sus familiares los pone en riesgo frente a la delincuencia organizada. Frente a esto, creo que es necesario sentarse con el Consejo de la Judicatura, el Ejecutivo, la academia y la sociedad civil para analizar salvaguardas razonables que protejan a los jueces sin afectar la transparencia.

¿Los jueces sin rostro son una alternativa viable para su protección?

Como especialista en el sistema interamericano de derechos humanos puedo decir que los jueces sin rostro ya han sido ensayados en otros países y presentan más riesgos que salvaguardas. No protegen realmente al juez frente a una organización criminal infiltrada y, en cambio, afectan gravemente el derecho del ciudadano a ser juzgado por un juez independiente e imparcial. Esta figura puede abrir espacios de arbitrariedad e impunidad y no resuelve el problema de fondo de la seguridad.

El informe se centra en la desprotección de los operadores de justicia, pero ¿cómo diferencian a quienes realmente enfrentan al crimen organizado de aquellos jueces o fiscales que han sido cooptados o colaboran con estas redes?

No se puede generalizar. Hay operadores buenos y malos, pero tampoco podemos ser ingenuos. Algunos operadores en áreas sensibles han cedido frente a la seducción o a la amenaza del crimen organizado. En otros casos, jueces y fiscales han actuado en contubernio con políticos y abogados para torcer la ley y favorecer intereses ilegítimos. Esto forma parte de un problema estructural que el Estado no ha enfrentado con procesos de depuración oportunos.

Desde la política pública, ¿cómo proteger a jueces honestos sin reforzar un sistema que también ha sido funcional al crimen organizado?

Es necesario un análisis técnico para determinar quiénes realmente necesitan protección y crear protocolos claros y adecuados al contexto actual. Pero al mismo tiempo es fundamental la depuración del sistema, mediante evaluaciones constantes y procesos disciplinarios oportunos. Si estos procesos no se aplican correctamente, se termina protegiendo a quienes no lo merecen y dejando en indefensión a quienes sí lo necesitan.

¿Cómo se puede reformar un sistema judicial con fallas tan profundas?

En Ecuador hay un estado de cosas inconstitucional en la función judicial. Es necesario sentarse de manera ciudadana y técnica a pensar en una reforma estructural del sistema de justicia, empezando por los mecanismos de selección y evaluación de autoridades. Además, el Estado debe dotar de recursos suficientes a la función judicial para garantizar seguridad, capacitación y salarios dignos, porque la precariedad es precisamente el espacio donde se infiltra el crimen organizado".