ELa Administración de Donald Trump anunció este jueves 24 de julio una demanda contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, por sus políticas de «ciudad santuario», acusadas de obstruir las leyes migratorias federales. Presentada en el distrito este de Nueva York, la acción legal busca frenar medidas que, según el Departamento de Justicia, protegen a migrantes y afectan a las fuerzas de seguridad.
La fiscal general, Pam Bondi, anunció la acción legal a través de su perfil en la red social X, afirmando que estas políticas obstruyen la labor de las fuerzas de seguridad y no protegen a los ciudadanos. “Si los líderes de Nueva York no se esfuerzan por proteger a sus ciudadanos, nosotros lo haremos”, declaró.
¿De qué se acusa a la ciudad?
La demanda, interpuesta en el distrito este de Nueva York, acusa a la ciudad de adoptar medidas que dificultan la cooperación con autoridades migratorias federales. Según el fiscal general adjunto, Brett Shumate, “la Ciudad de Nueva York ha estado a la vanguardia en la interferencia con la aplicación de nuestras leyes de inmigración”. El Departamento de Justicia argumenta que estas políticas comprometen la seguridad pública al limitar la colaboración con agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta acción legal se suma a otras demandas recientes contra ciudades y estados con políticas similares, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Colorado e Illinois. En los últimos meses, la Administración Trump ha intensificado su ofensiva contra las jurisdicciones que se declaran «santuarios» para migrantes. Argumentando que estas políticas violan la legislación federal.
Una demanda que refleja un debate nacional sobre inmigración
Sin embargo, las políticas de «ciudad santuario» limitan la cooperación de las autoridades locales con el gobierno federal en materia de inmigración. Es decir, como no detener a migrantes indocumentados para su deportación salvo en casos específicos. Nueva York, una de las principales ciudades santuario de EE.UU., ha mantenido estas políticas durante años, generando tensiones con administraciones federales. Según datos del Centro de Estudios de Inmigración, al menos 11 estados y más de 170 ciudades en EE.UU. tienen medidas similares en 2025.
La demanda refleja un debate nacional sobre inmigración y seguridad pública, con el gobierno federal buscando uniformidad en la aplicación de leyes migratorias. Mientras, ciudades como Nueva York defienden estas políticas como una forma de proteger a comunidades migrantes y fomentar la confianza en las autoridades locales.
