El Gobierno de España anunció el martes la aprobación de un Real Decreto que permitirá la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en el país, con el objetivo de responder a una realidad social persistente y facilitar su integración legal, laboral y social.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó la medida como un "día histórico" durante la rueda de prensa en la que presentó el decreto. Según explicó, la regularización es "necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles" y busca reconocer derechos a personas que ya forman parte de la sociedad española.

Saiz señaló que el procedimiento será sencillo, con el propósito de romper barreras burocráticas que en el pasado dificultaron procesos similares. En declaraciones previas, la ministra había afirmado que el objetivo central es "reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos" a la población migrante.

La medida no tiene precedentes recientes. España no aplicaba una regularización extraordinaria desde hace más de 20 años, y en esta ocasión se estima que beneficiará a más de 500.000 personas, según cifras manejadas por el Ejecutivo.

Alcance y personas beneficiarias

Podrán acogerse a esta regularización las personas extranjeras que se encuentren en situación administrativa irregular en España, así como quienes sean solicitantes de asilo. Entre los requisitos principales, deberán acreditar su permanencia en el país o la solicitud de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y haber residido más de cinco meses en territorio español.

Para demostrar la permanencia, se aceptará cualquier documento público o privado, o una combinación de ambos. Esto incluye certificados de empadronamiento, contratos de alquiler, informes médicos, citas sanitarias o constancias de asistencia a recursos sociales.

También se admitirán justificantes de envío de remesas, una inclusión solicitada por organizaciones sociales debido a las dificultades que enfrentan las personas en situación irregular para acceder a documentos oficiales. Además, se exigirá no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.

Plazos, garantías y derechos

El plazo de solicitud se abrirá a principios de abril y se extenderá hasta finales de junio. Una de las principales garantías del decreto es que, una vez presentada la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por causas administrativas o laborales.

La ministra indicó que el objetivo es una "integración plena y progresiva" en el sistema. Para ello, se otorgará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

El tiempo máximo de resolución será de tres meses, aunque con la sola admisión a trámite —en un plazo máximo de 15 días— las personas solicitantes podrán trabajar desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier parte del país. Posteriormente, si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un año, renovable conforme al reglamento de extranjería.

Tramitación y reacciones políticas

El decreto será aprobado directamente por el Ejecutivo, sin pasar por el Congreso, al tratarse de un Real Decreto. Esta vía evita una votación parlamentaria compleja, en un contexto donde el Partido Popular (PP) y Vox han manifestado su rechazo.

El PP criticó la iniciativa por considerar que las regularizaciones deben realizarse "persona a persona" y vinculadas al empleo. Vox, por su parte, anunció que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo, calificándolo como una medida que fomenta el "efecto llamada".

En contraste, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, calificó la regularización como "una buena noticia", destacando su aporte al bien común y al reconocimiento de la dignidad de las personas migrantes.

Antecedentes de regularizaciones en España

Aunque es la primera regularización durante los gobiernos de Pedro Sánchez, España ha aplicado medidas similares en el pasado. La más amplia ocurrió en 2005, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y benefició a más de 570.000 personas.

Durante el gobierno de José María Aznar, se realizaron tres procesos de regularización (1996, 2000 y 2001), que alcanzaron a más de 520.000 personas en total. Las primeras experiencias se remontan a los gobiernos de Felipe González entre 1982 y 1996. (10).