Este domingo, 1 de febrero de 2026, el El CAL sesionó formalmente para tramitar iniciativas cruciales enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Durante la sesión 055, el organismo legislativo calificó dos proyectos de Ley Orgánica con carácter de urgente en materia económica. Estas propuestas fueron remitidas por el presidente Daniel Noboa Azin el pasado 27 de enero.
La decisión tomada por El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se fundamentó en los informes de la Unidad Técnica Legislativa. Estos documentos, de carácter técnico jurídico, confirmaron que ambas iniciativas cumplen con los requisitos constitucionales vigentes. De este modo, se garantiza que el proceso cumpla con la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Modernización de sectores estratégicos y minería
El primer proyecto de ley analizado por El CAL busca fortalecer los sectores de minería y energía. El objetivo primordial es modernizar el marco legal para atraer nuevas inversiones al país. Se pretende instaurar un sistema de seguridad jurídica que permita maximizar los ingresos fiscales y el suministro eléctrico.
Esta normativa, bajo la vigilancia de El CAL, busca dotar al Estado de mayor estabilidad económica. La eficiencia regulatoria es el eje central para garantizar que el sistema energético nacional responda a las demandas actuales. El proyecto pasará ahora a la etapa de debate en la comisión especializada correspondiente.
Sostenibilidad fiscal en los gobiernos autónomos
La segunda propuesta calificada por El CAL plantea reformas estructurales al sistema de descentralización territorial. El enfoque principal es la sostenibilidad y la racionalidad en el gasto de los GAD. Se busca que la disponibilidad presupuestaria esté siempre orientada hacia la inversión y el mantenimiento de servicios públicos.
Según lo revisado por El CAL, la norma exige que los gobiernos locales prioricen la infraestructura básica. Se establece que al menos el 70% del presupuesto debe destinarse a la reposición de obras y servicios. Esta medida pretende armonizar la planificación local con las metas de estabilidad fiscal que requiere el Estado ecuatoriano.
Trámite en la Comisión de Desarrollo Económico
Tras la calificación realizada por El CAL, ambos proyectos legales han sido derivados para su análisis. El trámite de estas normativas se llevará a cabo en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Esta mesa legislativa será la encargada de elaborar los informes necesarios para el debate en el Pleno.
La gestión de El CAL asegura que estas leyes de carácter económico sigan el curso legal. Al ser calificadas como urgentes, los legisladores deben priorizar su tratamiento para cumplir con los plazos establecidos en la normativa orgánica. La meta es dar una respuesta ágil a las necesidades económicas nacionales.
Avances en el juicio político al CPCCS
Además de los proyectos de ley, El CAL avocó conocimiento de una solicitud de enjuiciamiento político. El pedido fue presentado contra seis consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Entre los señalados figuran Andrés Fantoni y Johanna Verdezoto por presunto incumplimiento de sus funciones primordiales.
Para dar continuidad al proceso, El CAL solicitó un informe técnico a la Unidad de Técnica Legislativa. Este documento no vinculante deberá entregarse en un plazo máximo de tres días calendario. Los asambleístas proponentes, Luis Molina y Héctor Rodríguez, esperan que se verifiquen los requisitos para proceder con la censura.
Control político y pedidos de información
Finalmente, El CAL conoció informes sobre diversos requerimientos de información realizados por los legisladores. Estos documentos detallan el estado de las solicitudes formuladas por Gabriela Molina, Xavier Lasso y Liliana Durán. La transparencia en la gestión pública es un pilar fundamental que el organismo busca salvaguardar constantemente.
Los expedientes aprobados por El CAL serán remitidos a las comisiones de Salud y Justicia, respectivamente. Allí se dará seguimiento a los pedidos de información para asegurar que el control político sea efectivo. Cada proceso se ajustará estrictamente al artículo 76 de la normativa legislativa ecuatoriana.
