Más de 1.500 personas —entre ellas huérfanos, prisioneros y soldados— fueron infectadas deliberadamente con sífilis, gonorrea y chancroide entre 1946 y 1948 en Guatemala, por orden del Gobierno de Estados Unidos. El experimento tenía como objetivo probar la eficacia de la penicilina en el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. El caso fue ocultado durante más de seis décadas, hasta su descubrimiento en 2010 por la historiadora estadounidense Susan Reverby.
Ese mismo año, Marta Orellana compartió su testimonio. Contó que tenía 9 años y jugaba en un orfanato cuando fue llamada a la enfermería. Allí fue atendida por médicos que no conocía. Uno de ellos era guatemalteco. Fue sometida a procedimientos invasivos sin explicación alguna. “Nunca me dijeron lo que estaban haciendo”, declaró.
Como ella, cientos de guatemaltecos fueron usados como sujetos de prueba sin su consentimiento. El estudio fue liderado por investigadores estadounidenses, con el apoyo parcial de autoridades locales. También participó personal médico de Guatemala. El fin era probar la penicilina como prevención en soldados expuestos a enfermedades venéreas tras la Segunda Guerra Mundial.
Las enfermedades y los métodos experimentales
Los experimentos se llevaron a cabo en orfanatos, cárceles, hospitales psiquiátricos y bases militares. Al principio, las infecciones fueron provocadas mediante contacto sexual con prostitutas. Luego, al considerarse ineficaz, se optó por la inoculación directa de bacterias.
Más de la mitad de las víctimas eran soldados guatemaltecos de bajo rango. Muchos no sabían leer ni escribir. Fueron enviados por sus superiores a médicos extranjeros. Al inicio, las prostitutas fueron seleccionadas como vectores, pero luego fueron usadas jeringas para aplicar las bacterias directamente.
Carlos Mejía, del Colegio de Médicos de Guatemala, participó en la investigación oficial después que conoció el caso. Dijo que le impactó “el poco valor que se daba a estas vidas humanas”. Las personas, añadió, “eran vistas como objetos de prueba”.
Colaboración local y ausencia de supervisión
El apoyo guatemalteco se consiguió con donaciones de material médico a centros con escasos recursos. Algunos participantes recibieron cigarrillos como incentivo. Los pacientes psiquiátricos no pudieron dar su consentimiento. Muchos fueron registrados con apodos, como “el mudo de San Marcos”.
No se sabe con certeza qué ofrecieron los médicos estadounidenses a las Hermanas de la Caridad, responsables de varios orfanatos. Sin embargo, quedaron documentadas visitas semanales entre 1946 y 1948, sin detallar los procedimientos realizados con los menores.
El hallazgo de Reverby y las disculpas oficiales
El caso fue descubierto en 2010. Reverby investigaba el Estudio de Tuskegee, donde cientos de afroamericanos con sífilis fueron dejados sin tratamiento por más de 40 años. Al revisar documentos, encontró evidencias del estudio guatemalteco. El hallazgo fue notificado a las autoridades de salud en EE. UU.
Ese mismo año, la Casa Blanca reconoció el experimento. El presidente Barack Obama ofreció disculpas formales a Guatemala. Paralelamente, una demanda colectiva fue presentada en EE. UU. por las víctimas, con el abogado Rudy Zúñiga como representante legal.
Efectos heredados y demandas civiles
El daño no terminó con las víctimas directas. Benjamín Ramos, hijo de un exsoldado infectado, declaró que su padre fue tratado “como a un animal”. Otro caso es el de Mateo Gudiel, cuyo padre sufrió demencia y jaquecas. Dijo que varios de sus hijos nacieron con sífilis congénita. La transmisión hereditaria fue confirmada por estudios médicos actuales.
En abril de 2015, unas 775 víctimas y familiares presentaron una demanda civil en Maryland. Acusaron a la Universidad Johns Hopkins, la Fundación Rockefeller y la farmacéutica Bristol-Myers Squibb de haber facilitado o financiado el estudio. Se solicitó una compensación de mil millones de dólares.
Un juicio aún sin resolución
En enero de 2019, el juez federal Theodore Chuang permitió que el caso avanzara en tribunales. Rechazó los argumentos de las entidades demandadas, que negaban responsabilidad por actos cometidos fuera de EE. UU. Hasta ahora, no se ha emitido un fallo definitivo. El proceso continúa abierto y se encuentra en etapa judicial. (10).
