La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, denunció este 12 de marzo que sufre persecución política orquestada por el gobierno de Daniel Noboa.
La presidenta del periodo de transición de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, denunció el 12 de marzo ser víctima de una «persecución política» por parte del gobierno de Daniel Noboa. La legisladora aseguró que dicha persecución se realiza a través de medios digitales afines al Ejecutivo y de denuncias interpuestas contra ella en diversas instancias judiciales.
Viviana Veloz, en un video publicado en sus redes sociales, detalló que el 4 de enero presentó una denuncia en su contra por parte de Ida Victoria Páez, relacionada con licencias sin remuneración para los candidatos a las elecciones del 2025. La denuncia, que involucró cargos como usurpación y conspiración, fue seguida por otra el 9 de enero interpuesta por César Wilfrido Cárdenas por una presunta precampaña. Veloz señaló que ambos denunciantes tienen un patrón común y vinculó estos hechos a una estrategia del gobierno de Daniel Noboa.
La legisladora también acusó al gobierno de utilizar medios digitales y trolls para difundir noticias falsas con el fin de dañar su reputación y desacreditar su gestión como presidenta de la Asamblea Nacional. Además, denunció una violencia política de género por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que, según Veloz, ha archivado sus denuncias sin brindarle la protección adecuada.
Viviana Veloz
En el video, Veloz reveló que tiene información sobre posibles allanamientos a sus allegados en los próximos días, orquestados por el gobierno junto con la Fiscalía General del Estado. La legisladora destacó que esta amenaza tiene como objetivo intimidarla y silenciarla. “La persecución que estoy viviendo es un intento por acallarme”, expresó.
“No le tengo miedo al presidente Noboa y no permitiré que los intereses de grupos económicos prevalezcan sobre los intereses nacionales”, añadió Veloz en su video publicado la mañana de este miércoles, 12 de marzo.
Veloz también aprovechó para cuestionar la gestión del gobierno de Daniel Noboa, criticando temas como la concesión del campo Sacha, la compra irregular de chalecos y cascos para los militares, y los posibles negociados familiares en el sector de hidrocarburos. La legisladora aseveró que su trabajo en la Asamblea Nacional ha incomodado al gobierno, especialmente en temas relacionados con la tipificación de la violencia vicaria en el Código Orgánico Integral Penal.
