Diez jueces de la Unidad Anticorrupción enviaron una carta de 22 páginas al Consejo de la Judicatura para advertir un deterioro crítico de sus condiciones de seguridad. El documento surge tras las amenazas y presiones contra el juez Carlos Serrano, en un contexto marcado por el avance del crimen organizado y el narcotráfico.

La misiva se dirigió al presidente del organismo, Mario Godoy, hoy con licencia y también llegó a los demás vocales de la Judicatura. Los firmantes sostienen que la situación rebasó un umbral tolerable y exige decisiones inmediatas.

Según el texto, las presiones se vinculan con audios difundidos públicamente. En ellos, Henry Gaibor, entonces director provincial de Pichincha, presionó al juez Carlos Serrano para favorecer al serbio Jezdimir Srdan, procesado en una causa penal. El acusado habría amenazado al magistrado. La esposa de Godoy actuó como abogada del extranjero.

Malestar en jueces por "precariedad"

Los jueces recuerdan que esta es la octava carta enviada desde la creación de la unidad. Aseguran que la reiteración no responde a formalismos, sino a la persistencia de un riesgo real y acumulado.

El documento detalla carencias materiales que impactan la seguridad personal y el desempeño judicial. Los magistrados asumen gastos de custodia, carecen de vehículos blindados y se movilizan por cuenta propia, incluso a pie o en transporte público.

La precariedad tecnológica también incide, resalta la carta dirigida al principal de la Judicatura. La misiva describe demoras y suspensiones de audiencias por fallas operativas, además de una carga laboral elevada con apoyo insuficiente: un solo asistente por juez.

El desgaste físico y psicológico aparece como un factor crítico. La exposición permanente al riesgo, sumada al volumen de causas, erosiona la capacidad de respuesta institucional. Los firmantes subrayan que no reciben viáticos, transporte ni apoyo de vivienda cuando residen fuera de Quito. Esa omisión agrava la vulnerabilidad en territorios con mayor presencia delictiva.

Otros reclamos

La carta adjunta estadísticas de jueces asesinados en el país. Recuerda que la Constitución asigna al Consejo de la Judicatura la responsabilidad de garantizar su seguridad.

En el apartado financiero, los jueces señalan que la Judicatura dejó de ejecutar $11,5 millones. A ello se suman $5,3 millones retirados por el Ministerio de Economía durante el año por falta de ejecución.

Finalmente, el documento incorpora imágenes de un vehículo con explosivos hallado detrás del Complejo Judicial donde laboran. Los jueces advierten que el tiempo sin respuestas incrementa el riesgo a sus vidas y compromete la administración de justicia. (37).