El 14 de diciembre de 2025, Ecuador podría acudir a las urnas para una consulta popular, según anunció el Presidente Daniel Noboa. En una entrevista con Radio Sucre el 28 de julio, el mandatario fijó esta fecha tentativa, pendiente de la aprobación de la Corte Constitucional.
La iniciativa busca que los ciudadanos decidan sobre temas clave. Entre ellos, se incluyen reformas en seguridad, empleo y estructuras políticas. Noboa presentó siete preguntas el 5 de agosto a través de su cuenta en X.
Estas abordan desde la instalación de bases militares extranjeras hasta la reapertura de casinos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) coordinará el proceso, que requiere un dictamen favorable de la Corte. El costo estimado oscila entre $55 y $60 millones, según expertos.
La consulta popular llega en un contexto de cambios en Manabí, donde la vía Portoviejo-Montecristi pasó al control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). La Prefectura de Manabí, liderada por Leonardo Orlando, suspendió el peaje en Cerro Guayabal tras un fallo judicial. Este escenario refleja la búsqueda de eficiencia administrativa.
Daniel Noboa publica las siete preguntas para la nueva consulta popular y referendo en 2025
Reformas constitucionales se proponen en la consulta popular
La primera pregunta propone modificar el artículo 5 de la Constitución para permitir bases militares extranjeras. Actualmente, la norma prohíbe estas instalaciones, pero Noboa busca mantener solo la frase “Ecuador es un territorio de paz”. La reforma, en trámite desde 2024, responde a preocupaciones de seguridad. La Asamblea aprobó la propuesta el 3 de junio.
La segunda pregunta plantea eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos. Noboa argumenta que los recursos públicos deben priorizar otras necesidades. Esta reforma constitucional busca reducir el presupuesto asignado a las organizaciones políticas. La propuesta genera debate sobre el impacto en la democracia.
Consulta popular buscará cambios en institucionales
La tercera pregunta sugiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Sus funciones se transferirían a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría. Esta medida busca optimizar la estructura estatal. Sin embargo, enfrenta críticas por posibles vacíos en la fiscalización.
La cuarta pregunta propone reducir el número de asambleístas y modificar el sistema de elección. Noboa plantea una reestructuración para hacer más eficiente el Legislativo. La reforma requeriría enmendar la Constitución. Algunos sectores cuestionan su viabilidad en un contexto político polarizado.
Empleo y economía
La quinta pregunta aborda el empleo por horas, permitiendo contratos flexibles. Noboa busca fomentar la contratación de jóvenes entre 18 y 35 años. La propuesta responde a la crisis del Seguro Social, que enfrenta un déficit estructural. Sin embargo, el trabajo por horas fue rechazado en la consulta de 2024.
La sexta pregunta plantea que el Estado sea titular de bienes de origen ilícito. Actualmente, estos recursos permanecen en la banca privada durante procesos judiciales. Noboa propone que pasen al Banco Central para garantizar control. Esta medida busca combatir el crimen organizado.
Consulta popular: Regulación y entretenimiento
La séptima pregunta propone reabrir casinos en hoteles de cinco estrellas. Estos pagarían un tributo del 25% de sus ventas al Estado. La iniciativa busca impulsar el turismo y generar ingresos fiscales. Sin embargo, críticos advierten sobre riesgos de ludopatía y lavado de activos.
El contexto político de la consulta popular es complejo. Noboa enfrenta oposición en la Asamblea, especialmente de Revolución Ciudadana, que controla el 38% de los escaños. La consulta de 2024, con nueve preguntas aprobadas, mostró apoyo a medidas de seguridad, pero el rechazo a reformas laborales. La participación fue del 72%, aunque el ausentismo alcanzó el 30%.
En Manabí, la entrega de la vía Portoviejo-Montecristi al MTOP tras el fallo judicial refleja tensiones entre el Gobierno y las autoridades locales. La suspensión del peaje impacta a trabajadores y comerciantes. Noboa busca con la consulta popular consolidar su agenda, pero necesitará respaldo ciudadano.
Desafíos pendientes
El proceso enfrenta retos logísticos y legales. El CNE tiene 15 días para convocar la consulta tras la aprobación de las preguntas. Luego, dispone de 60 días para ejecutarla. La Corte Constitucional debe validar las reformas propuestas. Además, el costo económico genera debate en un país con necesidades urgentes.
Noboa, quien asumió la presidencia en noviembre de 2023, apuesta por la consulta popular para fortalecer su gestión. Con elecciones previstas para febrero de 2026, el referéndum será clave para medir su apoyo popular. Los ecuatorianos decidirán sobre un futuro con cambios estructurales.
