El Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió por unanimidad al juez de la Corte Nacional de Justicia, D.I.J.C. La decisión se dio tras una denuncia por presunto acoso sexual presentada por una funcionaria administrativa. La medida, adoptada el 21 de julio, implica la suspensión de funciones y de su remuneración por tres meses. Durante ese tiempo avanzarán la investigación administrativa para determinar o no posibles responsabilidades.

El 2 de julio de 2025, la funcionaria presentó la renuncia a su cargo como asistente administrativa en la Corte Nacional. En el documento señaló que su decisión se fundamentó en “situaciones de acoso sexual” por parte de su jefe inmediato, D.I.J.C. La denuncia configura una posible infracción gravísima según el artículo 109.10 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que regula las conductas de los servidores judiciales.

Consejo de la Judicatura investigará el caso

La suspensión, respaldada por las vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes y el presidente del CJ, Mario Godoy, se fundamenta en el artículo 269.5 del COFJ. Allí se faculta al Consejo a adoptar medidas preventivas ante indicios de infracciones graves. Esta acción busca garantizar una investigación imparcial, evitando que el acusado pueda influir en el proceso o en la víctima.

El caso se enmarca en un contexto de violencia de género, donde el Estado tiene la obligación constitucional de actuar con celeridad. Esto para proteger a las víctimas y garantizar un entorno laboral seguro. El Consejo de la Judicatura reiteró su compromiso de no tolerar situaciones de acoso o violencia en el ámbito judicial. La investigación administrativa continuará para determinar las responsabilidades correspondientes.

Políticas de prevención de acoso laboral

Durante este período, el juez permanecerá suspendido, y se espera que el proceso esclarezca los hechos denunciados. La resolución del caso podría sentar un precedente en la lucha contra el acoso laboral y la violencia de género en la función judicial ecuatoriana. Este caso destaca la importancia de fortalecer las políticas de prevención y sanción frente a conductas que vulneren la integridad en el ámbito laboral.