El Consejo de la Judicatura (CJ) analizó un informe técnico durante la sesión ordinaria número 105-2025 realizada este 27 de noviembre , donde se identificaron irregularidades disciplinarias en expedientes de Pichincha e Imbabura.
El reporte, elaborado por la Subdirección de Control Disciplinario , expuso fallas en la tramitación y resolución de procesos contra servidores judiciales de ambas provincias.
Consejo de la Judicatura revisó expedientes en Pichincha e Imbabura
En Pichincha, el equipo revisó 400 expedientes , tramitados entre 2023 y 2025, dentro de un trabajo ejecutado del 2 al 11 de junio. El análisis determinó que 17 procesos se resolvieron sin observar la normativa. Mientras, seis expedientes mostraron problemas al inadmitir denuncias y otros 16 casos registraron falencias en la fase investigativa.
En Imbabura, la revisión abarcó expedientes disciplinarios de 2022 a 2024 mediante un muestreo aleatorio. Allí se detectaron siete investigaciones con resoluciones sin motivación y procedimientos que concluyeron sin seguir todos los pasos del debido proceso, incluso en causas que podían generar sanciones para servidores judiciales .
Frente a estos hallazgos, el CJ ordenó el inicio de sumarios administrativos para identificar responsabilidades y aplicar sanciones cuando corresponda. Asimismo, el organismo destacó que estos procedimientos buscan corregir prácticas indebidas , fortalecer el control interno y asegurar que las decisiones se ajusten a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial.
Acciones para reforzar el control disciplinario
El Consejo de la Judicatura explicó que este trabajo forma parte de una estrategia nacional de control disciplinario , diseñada para evitar archivos irregulares y garantizar que los expedientes cumplan todos los requisitos legales. En meses anteriores ya se detectaron situaciones similares en Manabí y Chimborazo , lo que también motivó la apertura de sumarios disciplinarios.
Con estas acciones, el CJ busca consolidar la transparencia , mejorar la rendición de cuentas y recuperar la confianza ciudadana en el sistema disciplinario.
