El Consejo de la Judicatura (CJ) decidió este jueves 8 de enero de 2026 instalar mesas de trabajo interinstitucionales para solicitar apoyo internacional en materia de seguridad, con el fin de proteger a los jueces que manejan casos de corrupción y crimen organizado.
Esta medida responde a denuncias recientes de amenazas contra operadores judiciales, como el juez Carlos Serrano y la exdirectora provincial Samantha Lozada.
La reunión del pleno del CJ con jueces especializados tuvo lugar en Quito y buscó evaluar mejoras en las condiciones laborales de estos magistrados. Según el organismo, se reconocieron limitaciones presupuestarias, pero se priorizó la optimización de recursos humanos, la rehabilitación de infraestructura y la incorporación de tecnología para fortalecer la seguridad de los jueces y sus equipos.
Medidas acordadas para optimizar el trabajo judicial
Entre los acuerdos alcanzados, se incluye la optimización de la carga laboral de los jueces, con la posible creación de una nueva sala provincial y un tribunal especializado en delitos de corrupción y crimen organizado. Esto buscará reducir el volumen de casos, que actualmente abarca 44 tipos penales como lavado de activos, narcotráfico y secuestro extorsivo.
Por otro lado, se coordinará con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) para asegurar el cumplimiento de audiencias desde los centros de rehabilitación social. El objetivo es evitar audiencias fallidas y la caducidad de prisiones preventivas, problemas que han afectado procesos judiciales.
Amenazas y antecedentes en Ecuador
Las decisiones surgen tras alertas específicas, como la denuncia del juez Carlos Serrano, quien reportó una amenaza durante una audiencia virtual por parte del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos en noviembre de 2025.
Srdan, procesado por mover más de 11 millones de dólares en el sistema financiero ecuatoriano, realizó gestos interpretados como intimidatorios, aunque versiones posteriores cuestionaron si se trató de una malinterpretación. Serrano renunció y salió del país, citando falta de protección.
De igual forma, Samantha Lozada, exdirectora del CJ en Orellana, denunció un ataque armado el 22 de octubre de 2025, donde un sicario intentó dispararle, pero el arma se encasquilló.
Lozada había reportado irregularidades vinculadas al narcotráfico y criticó la falta de respuesta institucional, lo que la llevó a cesar funciones y buscar asilo en el extranjero.
Infiltración del crimen organizado en la justicia
Estos casos forman parte de un patrón más amplio en el país donde el crimen organizado ha infiltrado instituciones judiciales. Desde 2022, al menos 15 fiscales y jueces han sido asesinados, y en 2025 se registraron 16 atentados contra operadores de justicia, según observatorios independientes.
Investigaciones como Metástasis y Purga han revelado redes de corrupción que manipulan procesos para beneficiar a narcotraficantes, con condenas a altos funcionarios por obstrucción y delincuencia organizada. (39)
