El Consejo de Administración Legislativa (CAL) inadmitió por segunda ocasión el trámite de juicio político en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La decisión se adoptó la mañana de este viernes 23 de enero de 2026 durante la sesión número 051 del organismo legislativo.
La solicitud la presentó el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Luis Fernando Molina. Según el CAL el pedido no cumplió con los requisitos de validez exigidos en la normativa vigente al detectarse graves inconsistencias técnicas en la documentación entregada.
La resolución del CAL se sustentó en el incumplimiento del artículo 131 de la Constitución y de los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El organismo tomó en cuenta un informe técnico jurídico no vinculante elaborado por la Unidad de Técnica Legislativa (UTL).
Informe técnico de juicio político
El informe de la UTL analizó el proceso de juicio político solicitado contra los consejeros Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán. El documento concluyó que no se cumplieron los requisitos formales necesarios para dar paso al juicio político.
Uno de los principales problemas señalados fue la integridad de las firmas electrónicas incluidas en la solicitud. De acuerdo con el análisis técnico estas presentaban inconsistencias que invalidaban el trámite legislativo.
Con base en ese informe el CAL resolvió inadmitir el pedido por segunda vez lo que impide que el proceso avance a la siguiente etapa dentro de la Asamblea Nacional.
Postura del oficialismo sobre las firmas electrónicas
La asambleísta oficialista Inés Alarcón (ADN) se pronunció tras la resolución y afirmó que persisten las inconsistencias en las firmas electrónicas presentadas. Señaló que la Unidad de Técnica Legislativa fue clara al advertir problemas en la integridad de dichas firmas.
Alarcón explicó que estas irregularidades se producen cuando se realizan modificaciones posteriores en documentos que ya cuentan con firma electrónica. A su criterio este no es un tema menor y debe asumirse con responsabilidad dentro de los procesos de control político.
La legisladora sostuvo que la UTL rechazó las firmas por problemas de integridad y recalcó que los juicios políticos deben cumplir con formalidades básicas para garantizar transparencia y seriedad en su tramitación.
Hoy la Unidad Técnica Legislativa rechaza esas firmas por la integridad de las mismas.
Inés Alarcón - ADN
Respuesta de Luis Molina y nuevo anuncio
Por su parte el asambleísta Luis Molina (RC), rechazó los argumentos del CAL y aseguró que el organismo busca proteger a los consejeros del Cpccs en un contexto marcado por el concurso para Fiscal general. Calificó de impresentable la postura del oficialismo frente al trámite de juicio político.
Molina defendió la validez de las firmas presentadas y afirmó que estas contaban con los códigos QR correspondientes y con los anexos de respaldo. Aseguró que existe una diferencia entre su bancada y el bloque oficialista en relación con el ejercicio del control político.
Por tanto, me parece una mamarrachada, es impresentable lo que acaba de decir ADN.
Luis Molina - RC
El legislador anunció que el próximo martes a las 10 de la mañana presentará por tercera vez la solicitud de juicio político. Indicó que esta vez lo hará sin firmas digitales y que entregará la documentación de forma manual con cada hoja debidamente numerada y firmada.
