El Tribunal de Garantías Penales de Machala sentenció a Josué Oliver P. P. a 40 años de prisión como autor directo del asesinato de tres personas, ocurrido el 20 de enero de 2025 en un restaurante tipo chifa del centro de la ciudad.

La decisión fue anunciada de forma oral por los jueces, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía durante la audiencia de juicio. El proceso estuvo a cargo de la Unidad de Personas y Garantías, que sustentó la existencia del delito y la responsabilidad del acusado.

Según la investigación, las víctimas —Freddy O., Franco C. y Anthony G.— se encontraban almorzando en el chifa cuando el procesado ingresó y les disparó en repetidas ocasiones.

De acuerdo con los informes forenses, las víctimas fallecieron a causa de traumatismo craneoencefálico por impacto de proyectiles de arma de fuego, tras recibir múltiples disparos en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Detención y pruebas presentadas

Tras cometer el crimen, el agresor huyó del lugar. Sin embargo, fue detenido dos días después durante un allanamiento ejecutado por la Policía Nacional.

Durante su captura, el procesado habría disparado contra los uniformados utilizando el mismo arma de fuego con la que se perpetró el asesinato.

Entre las pruebas presentadas por Fiscalía constan los informes de autopsia, actas de levantamiento de los cuerpos, el informe de inspección ocular técnica y la recolección de indicios balísticos.

Elementos que vinculan al procesado

La participación de Josué Oliver P. P. fue sustentada mediante testimonios de agentes policiales que intervinieron en el operativo de captura, así como por la evidencia incautada en el inmueble donde fue localizado.

En el lugar se decomisó un arma de fuego y un teléfono celular. En este dispositivo se hallaron conversaciones posteriores al hecho, en las que el procesado solicitaba ayuda para mantenerse oculto.

Además, se presentó una pericia de cotejamiento balístico, un video que lo ubica en la escena del crimen y un informe de identidad humana que confirmó su participación.

Base legal de la sentencia

El caso fue judicializado por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, numerales 2 y 6 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

También se aplicó la circunstancia agravante contemplada en el artículo 47, numeral 14, relacionada con la afectación a múltiples víctimas.

Estas condiciones permitieron que el tribunal impusiera la pena máxima agravada de 40 años de prisión, conforme a la legislación ecuatoriana.