Un comerciante de Portoviejo que denunció amenazas de muerte y extorsión logró que el principal sospechoso del caso fuera sentenciado a más de trece años de prisión.

La condena fue emitida por un Tribunal de Garantías Penales de Manabí, tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado en un proceso por extorsión agravada.

Según la investigación, el ahora condenado, identificado como Steven Ch., exigía dinero a la víctima a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

Las intimidaciones se habrían prolongado durante varias semanas mediante mensajes enviados al afectado.

Ataque armado y entrega vigilada

De acuerdo con la versión expuesta en la audiencia, el comerciante reportó a la Policía Nacional que las amenazas incrementaron después de un ataque armado registrado el 24 de junio de 2025 contra su vivienda. En ese hecho, varios sujetos dispararon contra el inmueble, situación que generó temor en la familia.

Posteriormente, el afectado recibió nuevas exigencias económicas. Los extorsionadores le indicaron que debía entregar 5.000 dólares en un centro comercial de Portoviejo para evitar nuevos atentados.

Con esos antecedentes, agentes policiales coordinaron un operativo para simular la entrega del dinero.

La captura ocurrió en el lugar señalado para el intercambio. La víctima entregó un sobre como parte del procedimiento y, en ese momento, los uniformados aprehendieron al sospechoso.

Tras la detención, se instaló la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, en la que se ordenó prisión preventiva.

Pruebas analizadas en el juicio

Durante el juzgamiento, la Fiscalía presentó testimonios de los agentes que participaron en el operativo, además del testimonio anticipado de la víctima, el cual fue incorporado al proceso para proteger su integridad.

Asimismo, se expusieron informes periciales relacionados con la extracción de información de teléfonos celulares. Según la investigación, en los dispositivos se encontraron mensajes vinculados con las amenazas y la extorsión. 

Con base en esos elementos, los magistrados concluyeron que existían pruebas suficientes para determinar la responsabilidad del procesado. El caso fue sancionado conforme al artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas por el delito de extorsión y contempla agravantes en determinados casos.