Ángel Eduardo D. T., de 35 años, declarado autor directo del asesinato de Juan José Marcatomafue sentenciado. Los hechos se registraron el 20 de enero de 2025, cuando la hermana de la víctima descubrió su cuerpo sin vida en el interior de su inmueble en el sector Sinancumbe, Alausí.
El hombre yacía boca abajo y presentaba ocho heridas punzocortantes en la región torácica, según el informe de autopsia médico-legal que confirmó muerte violenta por acción de arma blanca.
Familiar alertó a la Policía
La familiar alertó inmediatamente a las autoridades y proporcionó un testimonio clave: había observado a Ángel Eduardo D. T., merodeando cerca del lugar con actitud evasiva y nerviosa. Con esta información, la Policía Nacional inició diligencias investigativas que permitieron identificar al sospechoso de asesinato y ubicarlo en un inmueble del sector Yocón.
En la aprehensión, ocurrida poco después, se incautó un cuchillo (arma blanca presuntamente utilizada) y prendas de vestir con manchas de sangre. Estos elementos fueron incorporados como evidencia material en el proceso.
Pruebas para la condena
Durante la audiencia de juicio, el Fiscal Multicompetente de Alausí presentó un conjunto de pruebas. Entre ellas Testimonios de agentes aprehensores y de la hermana de la víctima. Además, de un Informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias recolectadas, autopsia médico-legal que detalló las causas de la muerte violenta. También se incluyó uan pericia de genética forense que determinó coincidencia genética: la sangre en la ropa del procesado correspondía a la víctima.
El Tribunal valoró estas pruebas como suficientes para declarar la culpabilidad por asesinato (artículo 140 del COIP), aplicando la circunstancia agravante del numeral 11 del artículo 47 (vulnerabilidad de la víctima por edad y condición de discapacidad), lo que elevó la pena base a 40 años de privación de libertad.
Antecedentes del caso
El procesado fue detenido el 28 de enero de 2025, un día después del asesinato, y se le dictó prisión preventiva. En agosto de 2025, la Fiscalía obtuvo auto de llamamiento a juicio tras reunir elementos de convicción.
El caso se enmarca en la tipificación de asesinato agravado, delito que en Ecuador conlleva penas de hasta 40 años cuando se configuran agravantes como alevosía o ataque a personas en situación de vulnerabilidad. (27)
