Expertos de Naciones Unidas expresaron, desde Ginebra, su preocupación por la situación de las 342 víctimas del caso Furukawa Plantaciones C.A., al señalar que el Estado ecuatoriano y la empresa no han cumplido las reparaciones ordenadas por la Corte Constitucional del Ecuador tras comprobar formas contemporáneas de esclavitud en plantaciones de abacá del país.
Una sentencia que sigue sin ejecutarse
Más de un año después del fallo constitucional, los expertos recordaron que la sentencia, emitida el 5 de diciembre de 2024, reconoció violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Entre ellas constan trabajo forzoso, servidumbre, trabajo infantil y la negación del acceso a trabajo digno, atención sanitaria, educación, vivienda adecuada, igualdad y no discriminación.
El Tribunal determinó que el Estado ecuatoriano no previno ni protegió a las personas trabajadoras antes de 2018, permitiendo que estas prácticas persistieran durante décadas. Aunque se ordenaron reparaciones integrales para 342 víctimas, los expertos indicaron que la implementación ha sido mínima, limitándose a una disculpa pública del Gobierno en mayo de 2025.
Señalamientos sobre la conducta de Furukawa
Según información recibida por la ONU, Furukawa Plantaciones C.A. habría rechazado la sentencia y acosado sistemáticamente a los demandantes mediante denuncias penales consideradas infundadas y ofertas de acuerdos extrajudiciales de bajo monto. Además, se reportó el despido de todas las personas demandantes, lo que dejó a varias sin empleo, mientras que otras habrían sido recontratadas en condiciones precarias.
Los expertos también señalaron una campaña de estigmatización pública, en la que se presentó a las personas demandantes como "oportunistas", pese a que los tres niveles del poder judicial confirmaron la existencia de prácticas similares a la esclavitud. En la actualidad, la empresa continúa operando y mantiene actividades de exportación de abacá.
Riesgos por tierras y procesos de desalojo
Parte de las personas demandantes intentó ocupar terrenos de la empresa para exigir el cumplimiento de las reparaciones y ahora enfrenta procesos de desalojo. De acuerdo con la información de la ONU, la empresa tendría previsto transferir tierras productivas a otras compañías agrícolas, lo que ha generado preocupación por un posible uso de terceros para eludir el proceso de reparación dispuesto por la Corte.
Furukawa posee casi 2.000 hectáreas de abacá en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos. El cultivo, similar en apariencia a las bananeras, se aprovecha por su tallo, del que se extrae la fibra. El proceso productivo incluye tumbado, destajado y desfibrado, etapa considerada la más peligrosa.
En los expedientes judiciales constan testimonios de personas que perdieron dedos y extremidades al quedar atrapadas en maquinaria cuyos hilos presentan una dureza comparable al nailon. La fibra se utiliza en la industria textil, la fabricación de papel moneda y partes automotrices. En los últimos dos años, Ecuador exportó USD 40,6 millones en abacá, con destinos como Reino Unido, Japón y Filipinas.
Vida en las haciendas y reclamos vigentes
En una hacienda de Los Ríos, propiedad de Furukawa, 20 familias continúan viviendo tras ganar una acción de protección que evita su desalojo. Las personas extrabajadoras se organizaron para producir y vender abacá en bruto, a USD 1,50 por dos kilos, a comerciantes nacionales. Según sus testimonios, permanecen en el lugar pese a temores por ataques recientes.
Las víctimas sostienen que no abandonarán los predios hasta que se cumpla la reparación ordenada: USD 120.000 por cada una de las 342 personas, ya sea mediante pago económico o entrega de tierras de la empresa. En la hacienda conservan estructuras que documentan las condiciones de vida durante los años de trabajo.
Testimonios y afectaciones documentadas
La sentencia describió estas prácticas como "servidumbre de la gleba", aplicadas sobre personas en situación de pobreza, muchas analfabetas, sometidas a sobreexplotación sin derechos laborales. Testimonios recabados dan cuenta de nacimientos en las plantaciones, falta de atención médica y condiciones insalubres.
Extrabajadores también denunciaron dificultades para acceder a empleo tras el proceso judicial. Según declaraciones recogidas, habrían recibido comunicaciones que limitaron su contratación en otras empresas.
En este contexto, organizaciones de víctimas informaron el fallecimiento de Santo José Martínez Cortez, sobreviviente del caso Furukawa. Indicaron que su muerte se suma a la de otros abacaleros que fallecieron mientras esperaban justicia, reparación y garantías de no repetición, en medio del incumplimiento de la sentencia.
Llamado de la ONU a Ecuador y Furukawa
Los expertos señalaron que Ecuador enfrenta una oportunidad histórica para aplicar íntegramente lo dispuesto por la Corte Constitucional, garantizar reparaciones materiales, proteger a las víctimas y adoptar políticas que impidan la repetición de estas violaciones. Advirtieron que la falta de acción podría agravar las tensiones y poner en riesgo a personas que ya han sufrido por décadas. La ONU informó que ya se ha comunicado con el Estado ecuatoriano y con la empresa en relación con este caso.
