El caso Caja Chica provocó una inmediata reacción política de Rafael Correa y Luisa González, luego de que Santiago Díaz Asque entregó su versión ante la Fiscalía General del Estado.
El exasambleísta aseguró que trasladó dinero desde Venezuela hacia Ecuador por disposición directa de Correa, con fines de financiamiento electoral, según su testimonio oficial.
Ambos dirigentes rechazaron las acusaciones y señalaron que el proceso responde a una estrategia política impulsada desde el Gobierno de Daniel Noboa contra la oposición.
Caso Caja Chica genera dura respuesta de Rafael Correa
Díaz Asque afirmó que los recursos ingresaron al país para apoyar la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana y agregó que su vida y la de su familia estarían en riesgo.
Frente a estas declaraciones, Rafael Correa descalificó el testimonio y lo calificó públicamente como un "show barato", además de cuestionar la credibilidad del denunciante.
"Da asco que el Gobierno use a un acusado de violación para estos montajes", escribió el expresidente en su cuenta de X, al señalar un uso político del sistema judicial.
Luisa González acusa persecución desde el Ejecutivo
Por su parte, Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana, sostuvo que Díaz Asque actuó por resentimiento tras su expulsión y afirmó que su versión carece de pruebas verificables.
Además, advirtió que el proceso intenta criminalizar al correísmo mediante el caso Caja Chica, con el objetivo de afectar su liderazgo político.
La excandidata presidencial señaló que el Gobierno busca encarcelarla y silenciar a la oposición, mientras el escenario político se mantiene altamente polarizado.
Fiscalía mantiene investigación previa bajo reserva
El caso Caja Chica permanece en fase de investigación previa y analiza un posible ingreso de dinero ilícito en efectivo desde el extranjero para actividades proselitistas.
La Fiscalía notificó a varias figuras del correísmo, entre ellas Andrés Arauz, Suad Manssur y Patricio Chávez, mientras las diligencias continúan bajo reserva legal.
El avance del proceso mantiene atención nacional por su impacto judicial y político en el corto y mediano plazo. (07)