Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, solicitó la adopción urgente de medidas de protección para una jueza. Se trata de una magistrada especializada en delitos de corrupción y crimen organizado. La misma solicitud la realizó para las instalaciones del Complejo Judicial Norte, ubicado en Iñaquito, Quito. Godoy realizó este pedido al Ministerio del Interior y a los organismos de seguridad del Estado.
La petición del presidente de la Judicatura responde a la conmoción social generada por el caso Blanqueo Fito. En dicho proceso judicial se investigan presuntas operaciones de lavado de activos. Por esta estructura criminal que, según el Gobierno, fue liderada por José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, se detuvo a seis personas. Todos los sospechosos son familiares cercanos del prófugo de la justicia.
Protección sería para una jueza de Quito
En un comunicado oficial, Godoy expresó que el caso representa un riesgo para la administración de justicia y la estabilidad institucional. “No vamos a esperar a que se ejecute una amenaza para actuar. Nuestra responsabilidad es proteger a quienes imparten justicia y asegurar que los procesos se desarrollen sin presiones ni interferencias externas”, afirmó.
El presidente de la Judicatura aseguró que se brindarán todas las facilidades necesarias para garantizar una actuación judicial imparcial, técnica y libre de injerencias. El caso Blanqueo Fito ha captado la atención pública tras la incautación de 26 vehículos y 46 inmuebles, valorados en 13 millones de dólares, pertenecientes al círculo familiar de alias Fito. El Gobierno califica a Macías Villamar como líder de la organización criminal ‘Los Choneros’.
Según John Reimberg, ministro del Interior, y la Fiscalía General del Estado (FGE), las propiedades decomisadas tienen un valor promedio de 260 mil por inmueble. Las autoridades capturaron a seis familiares de Macías Villamar, incluyendo a uno de sus hermanos, su cuñado y su novia. También al hermano y los padres de su segunda pareja sentimental. Los operativos se ejecutaron en Manta, Portoviejo, Montecristi, Junín. Quito y Guayaquil.
Seguridad para operadores de justicia
La Fiscalía compartió imágenes de algunas de las propiedades incautadas, que forman parte de las investigaciones por lavado de activos. Estas acciones se enmarcan en los esfuerzos del Estado por desmantelar redes criminales de alto poder, como Los Choneros. Esta es una de las organizaciones criminales del país que han sido vinculadas a actividades ilícitas en varias ciudades del país, aseguró el ministro Reimberg.
El caso Blanqueo Fito ha generado un debate sobre la seguridad de los operadores judiciales en Ecuador, en un contexto de creciente influencia de organizaciones criminales. La solicitud de Godoy se suma a medidas previas adoptadas por el Consejo de la Judicatura para proteger a jueces y funcionarios que enfrentan casos de alto perfil. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las amenazas identificadas.
No se ha confirmado si existen amenazas reales
La Judicatura enfatizó la necesidad de actuar con celeridad para evitar cualquier tipo de intimidación que pueda comprometer la independencia judicial. La medida aplicaría de manera especial contra una jueza, quien lleva adelante la causa en contra de ‘Fito’ y los seis familiares detenidos en el operativo ‘Centinela 6’.
El Complejo Judicial Norte, ubicado en Iñaquito, es una de las principales sedes judiciales de Quito, donde se tramitan casos de relevancia nacional. Las autoridades no han confirmado si existen amenazas específicas contra esta infraestructura. Sin embargo, la solicitud de protección refleja la gravedad del contexto en el que se desarrolla el proceso. El Ministerio del Interior aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las medidas que adoptará.
Este caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano frente al crimen organizado, en un momento en que la seguridad ciudadana y la integridad de las instituciones son prioridades para el Estado. Alias ‘Fito’ es prófugo de la justicia tras escapar de la cárcel regional en enero del 2024. (17)
