Cárcel para los clientes de personas obligadas a prostituirse



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Penas de hasta cuatro años de cárcel para clientes de víctimas de explotación sexual y ayudas para el retorno a su país a quienes sufren cualquier tipo de trata de personas se aprobarán en España.

Estas son algunas de las medidas previstas en un anteproyecto de ley aprobado este martes por el Gobierno español, que prevé cárcel para los clientes de prostitutas obligadas.

El anteproyecto de la ley integral persigue toda formas de explotación, ya sea esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos, mendicidad, servicios sexuales o reproductivos, extracción de órganos o matrimonios forzados, entre otras.

Cárcel para clientes de prostitutas obligadas a trabajar

En concreto, un cliente de una persona obligada a prostituirse enfrentará penas de seis meses a cuatro años de cárcel y se castigará también a quienes faciliten locales donde se explote sexualmente a personas.

Un sistema estatal se encargará de proteger a la víctimas, a las que ya no se requerirá el denunciar o a participar en la investigación penal para acceder a esa protección.

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Además será necesario enmendar la ley española de extranjería para que aquellas en situación irregular puedan solicitar una autorización temporal de residencia y trabajo, con derecho a ayudas sociales y a una indemnización de sus explotadores.

Las víctimas también podrán optar por el retorno a su país, con ayudas para facilitar su regreso.

Explotación a inmigrantes en España

Además están previstas medidas de sensibilización en sectores que se consideran más precarizados o conectados con la economía sumergida, como servicio doméstico, hostelería, agricultura, textil y construcción, donde en España existen casos recurrentes de explotación a inmigrantes.

“Es una ley para avanzar en la lucha contra las mafias que trabajan con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y niños, y por lo tanto un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país, de sus gentes, combatiendo una realidad insoportable en pleno siglo XXI”, dijo el lunes el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.



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