La bancada de ADN anunció su decisión de no continuar con el trámite de una reforma legal sensible sobre la libertad de expresión. La asambleísta Diana Jácome, actuando como vocera del bloque oficialista, confirmó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) optó por la unanimidad para no calificar el proyecto de ley. Esta determinación surge como una respuesta directa a las peticiones y preocupaciones manifestadas por diversas organizaciones de comunicadores y gremios del país.

El oficialismo enfatizó que esta medida responde a una actitud respetuosa de la institucionalidad y de los derechos ciudadanos fundamentales. Según Diana Jácome, la intención es evitar que existan malinterpretaciones sobre el objetivo real de la propuesta legislativa presentada semanas atrás. El video oficial publicado en redes sociales subraya que el espacio legislativo debe mantenerse como un garante de los derechos informativos de toda la sociedad civil ecuatoriana.

El origen de la reforma propuesta por ADN

El proyecto de ley que generó el debate fue formalizado el pasado 15 de enero de 2026 por la legisladora Camila León Cueva. La iniciativa pretendía introducir cambios específicos en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual regula las contravenciones de cuarta clase relacionadas con el descrédito. La asambleísta Diana Jácome recordó que, aunque la propuesta nació con una legitimidad propia del ejercicio legislativo, el bloque ha preferido escuchar las voces críticas externas.

La reforma de Camila León constaba de un documento de nueve páginas con un artículo único y disposiciones específicas. El objetivo central era añadir un párrafo que obligara a los jueces a verificar si las expresiones vertidas correspondían a un ejercicio legítimo del derecho a la opinión. No obstante, la figura de Diana Jácome aclaró que, ante la lectura diversa que recibió el texto, lo más prudente fue declinar para no afectar la paz social.

El contenido técnico del artículo 396 del COIP

Actualmente, el artículo 396 del código penal sanciona con penas de quince a treinta días a quienes profieran expresiones en descrédito o deshonra. La propuesta buscaba que, ante críticas a funcionarios públicos, se aplicaran estándares internacionales de protección reforzada para los ciudadanos. Diana Jácome explicó que la bancada de ADN buscaba aclarar estos límites para evitar sanciones injustas contra quienes ejercen el derecho a la crítica política en medios.

La normativa vigente menciona que el uso de lenguajes hostiles o agresivos a través de tecnologías de información puede ser penalizado severamente. Sin embargo, la asambleísta Diana Jácome y su bancada consideran que cualquier ajuste legal debe gozar de un consenso absoluto entre los actores involucrados. Por ello, la retirada del proyecto se interpreta como un gesto de apertura democrática frente a la vigilancia de los gremios de prensa nacionales.

Los estándares internacionales y el test de proporcionalidad

Uno de los puntos clave de la propuesta de ADN era la implementación de un test de proporcionalidad por parte de los operadores de justicia. Este mecanismo técnico debía basarse en principios de idoneidad y necesidad, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Diana Jácome sostuvo que la intención era blindar a los periodistas, pero reconoció que la interpretación del texto no fue la que el bloque originalmente esperaba.

La disposición general sugerida por el oficialismo buscaba que los magistrados aplicaran criterios desarrollados por la Corte Constitucional del Ecuador. La asambleísta Diana Jácome fue enfática al señalar que la bancada de ADN siempre defenderá la libertad de pensamiento y de prensa. Al declinar la propuesta, el bloque reafirma que no busca generar herramientas que puedan ser mal utilizadas contra la labor de los comunicadores sociales.

Garantías para los medios de comunicación

Según el texto original de la legisladora León, la reforma buscaba que los medios de comunicación no fueran penalizados injustamente. La meta era asegurar que el tratamiento de noticias sobre servidores públicos no terminara en procesos judiciales restrictivos o punitivos. Diana Jácome, al referirse a la postura de su bancada, ratificó que la intención siempre tuvo un objetivo claro: proteger el interés público sobre el privado.

A pesar de que el proyecto buscaba fortalecer las garantías constitucionales, el rechazo de los gremios fue determinante para la decisión final del CAL. Diana Jácome puntualizó que la Asamblea Nacional será siempre un espacio donde se escuchen las posturas de la sociedad civil organizada. La legisladora concluyó que el bloque oficialista prefiere retirar la norma antes que permitir que se instale un clima de incertidumbre jurídica.

La postura final de la bancada de ADN

El video difundido por la bancada Acción Democrática Nacional cierra un capítulo de tensión entre el Legislativo y los gremios periodísticos. La intervención de Diana Jácome sirvió para calmar las aguas y asegurar que el oficialismo no impulsará leyes sin respaldo ciudadano. La decisión unánime del CAL de no calificar el proyecto sepulta, por ahora, cualquier modificación al artículo 396 en términos de expresión pública.

El compromiso expresado por Diana Jácome refleja la estrategia del Gobierno de mantener una relación armónica con la prensa y la opinión pública. La bancada de ADN reafirma su postura de respeto total a la libertad de expresión, desmarcándose de cualquier señalamiento de censura. El debate sobre el límite entre la crítica y el descrédito queda así en manos de la jurisprudencia vigente sin alteraciones legislativas inmediatas.