La Superintendencia de Bancos de Ecuador (SB), liderada por Roberto Romero, emitió una advertencia  sobre la alarmante proliferación de instituciones financieras no autorizadas que operan en el país. En lo que va de 2025, las autoridades ya identificaron 44 de estas organizaciones fraudulentas, las cuales utilizan atractivas pero falsas promesas para apoderarse de los ahorros del público.

El verdadero peligro, según las autoridades, es que estas redes no solo se dedican a la estafa, sino que se han convertido en un vehículo para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades delictivas.

Este fenómeno, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como captación ilegal de dinero, no es nuevo, pero su reciente escalada, con 76 casos detectados durante todo el 2024, enciende las alertas. Estos esquemas fraudulentos no solo exponen a los ciudadanos a la pérdida total de su patrimonio, sino que también socavan la estabilidad del sistema financiero formal y financian estructuras criminales que amenazan la seguridad del Estado.

La promesa de una ganancia rápida termina, en la mayoría de los casos, en un perjuicio económico irreparable y en el fortalecimiento involuntario de redes delictivas.

Cómo operan las instituciones financieras no autorizadas

El modus operandi de estas redes es cada vez más sofisticado. Lejos de ser operaciones improvisadas, muchas montan oficinas físicas con apariencia de seriedad, imitando la imagen de bancos y cooperativas legales para generar confianza. Utilizan agresivas campañas en redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp para difundir sus ofertas fraudulentas, las cuales se centran en dos ganchos principales: créditos inmediatos con mínimos requisitos y planes de inversión con tasas de interés o rendimientos exageradamente altos, muy por encima de lo que ofrece el mercado formal.

«Se hacen pasar por instituciones financieras serias y aprovechan las plataformas digitales para captar a sus víctimas», alertó el superintendente Romero en una entrevista. Una táctica común es solicitar un depósito inicial como «gasto administrativo» o «seguro» para liberar un supuesto crédito aprobado, dinero que la víctima nunca vuelve a ver.

En el caso de las «inversiones», los estafadores pueden llegar a pagar los altos intereses prometidos a los primeros clientes, utilizando el dinero de nuevos incautos para crear una falsa sensación de legitimidad y atraer a más personas, un esquema piramidal clásico.

Las provincias con mayor incidencia de estos delitos, como Manabí, Esmeraldas, Guayas, El Oro y Santo Domingo, suelen tener altos niveles de informalidad y uso de efectivo, lo que crea un terreno fértil para estas redes.

Captación ilegal de dinero, un delito con graves sanciones

En Ecuador, la captación ilegal de dinero es un delito grave. El artículo 323 del COIP establece que la persona que organice, desarrolle o promocione este tipo de actividades de forma pública y masiva será sancionada con una pena de prisión de cinco a siete años.

Esta ley busca proteger tanto a los ciudadanos como la integridad del sistema financiero nacional. Sin embargo, la persecución de este delito es compleja, ya que estas entidades operan en la clandestinidad y no dejan registros formales de sus víctimas ni de los montos captados.

Vínculo con el crimen organizado

La principal preocupación de las autoridades es la conexión directa entre estas estafas y el crimen organizado. «Estas entidades no están autorizadas, no reportan información y muchas están vinculadas a delitos como el lavado de activos, narcotráfico e incluso minería ilegal«, confirmó Romero.

Uno de los casos investigados recientemente llegó a movilizar una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Este dinero, proveniente de ciudadanos estafados, sirve para dar una apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas por actividades ilícitas, completando así el ciclo del lavado de dinero.

Para las víctimas, la recuperación de sus fondos es casi imposible. Al no existir un contrato legal ni un registro en las entidades de control, no hay un camino claro para el reclamo. La Superintendencia de Bancos trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para judicializar estos casos, pero el rastro del dinero suele ser difícil de seguir una vez que entra en estas redes criminales.

Lecciones del pasado

La historia de Ecuador está marcada por dolorosos antecedentes de estafas financieras masivas que dejaron a miles de personas en la ruina. Estos casos sirven como un recordatorio permanente del peligro de confiar en ofertas de dinero fácil.

• Caso Notario Cabrera: Ocurrido en Machala, es quizás el caso de estafa piramidal más emblemático del país, donde miles de personas perdieron los ahorros de toda su vida.
• Big Money: Un caso más reciente en Quevedo que captó la atención nacional, prometiendo intereses del 90% en solo ocho días.
• Publi-Fast y Renacer: Otros esquemas piramidales que operaron en distintas provincias, utilizando la misma promesa de ganancias exorbitantes y rápidas.
• Cierre de cooperativas ilegales: Constantemente, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) interviene y liquida cooperativas que realizan captación ilegal de dinero.

Para evitar caer en estas trampas, las autoridades recomiendan prudencia y verificación. La primera y más importante medida es comprobar si la entidad está autorizada, consultando el catastro público en los sitios web oficiales de la Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

La persistente advertencia de las autoridades subraya una realidad ineludible: la mejor defensa contra la estafa es la información y el escepticismo ante las promesas desmedidas. La diferencia entre una inversión segura y la pérdida total de un patrimonio a menudo reside en esa simple pero crucial acción de verificar la legalidad de la institución a la que se le confía el dinero, protegiendo no solo el bolsillo, sino también evitando alimentar involuntariamente a las mismas redes criminales que erosionan la seguridad del país.