El asambleísta Andrés Castillo, representante del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), propone una medida contundente: juzgar a los menores de edad que cometen delitos graves bajo las mismas condiciones que los adultos. En una intervención directa con varios medios de comunicación, explicó la importancia de esta propuesta y su impacto potencial.
La bancada de ADN busca implementar esta iniciativa crucial a la Ley de Gestión Pública, actualmente en tratamiento dentro de la Asamblea Nacional. Esta propuesta representa un paso significativo para enfrentar la creciente participación de jóvenes en el crimen organizado.
Castillo compartió datos alarmantes sobre el involucramiento de jóvenes en el crimen organizado. Desde el año 2022, la detención de menores por cometer delitos graves ha superado las 8 mil. En 2022, se detuvieron 2.099 jóvenes; en 2023, la cifra aumentó a 2.373. El año 2024 experimentó un ligero descenso, registrando 2.277 detenciones de jóvenes. Sin embargo, en tan solo los primeros seis meses de este año, esta cifra ya alcanza los 1.179 menores detenidos. Estos números subrayan la urgencia de una intervención legislativa robusta.
Andrés Castillo: grupos delictivos explotan a menores
Andrés Castillo señaló que los grupos delictivos explotan a los menores como «carne de cañón». Aprovechan las garantías penales que estos tienen por ser inimputables. “Los delincuentes los ponen en primera fila, porque saben que no van a recibir una sanción proporcional”, advirtió el legislador. Esta situación genera un ciclo de impunidad que fomenta la participación de jóvenes en actividades criminales.
El asambleísta enfatizó que su intención no implica aplicar penas idénticas a las de adultos. Castillo, en cambio, propone que los menores enfrenten el mismo procedimiento judicial, con las mismas penas. Sin embargo, el cumplimiento de estas penas se efectuaría en centros diferenciados. “No podemos continuar con un sistema que permite que el crimen organice a nuestros jóvenes sin consecuencias reales”, afirmó contundentemente. Esta distinción asegura un enfoque adecuado para la rehabilitación de los jóvenes.
La propuesta también contempla incentivos significativos para los menores detenidos que colaboren con la justicia. Según Castillo, aquellos que brinden información valiosa para identificar a los líderes de las bandas podrían acceder a beneficios judiciales. Estos beneficios incluyen, por ejemplo, una reducción de pena.
De hecho, Castillo estima que esta propuesta puede reforzar la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional. Esta normativa, enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente, busca frenar las economías criminales asociadas al conflicto armado interno.
Ley de Solidaridad Nacional, un pilar para la seguridad
La Ley de Solidaridad Nacional incorpora reformas cruciales al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además, establece acciones para fortalecer a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta legislación representa un esfuerzo integral del Estado para enfrentar el crimen organizado. Su aprobación marca un hito en la lucha contra la delincuencia en Ecuador.
Uno de los puntos más relevantes de la ley es la incorporación de agravantes para quienes recluten a menores en organizaciones delictivas. Esta disposición respalda directamente la propuesta de Andrés Castillo.
Además, la Ley de Solidaridad Nacional establece un sistema de atención prioritaria para víctimas del conflicto armado. Incluye acceso preferencial a servicios de salud física y mental. Asimismo, ofrece programas de asistencia integral y un registro nacional de víctimas. Este enfoque humanitario complementa las medidas punitivas.
