El coordinador general jurídico del Municipio de Guayaquil, César Poveda Valdivieso, califica la resolución de la Asamblea Nacional como "antijurídica, antitécnica y burda". Él afirma que la Asamblea utiliza la justicia para perseguir al alcalde que les dice que  no. Poveda enfatiza que el único órgano capaz de fiscalizar al municipio reside en el Concejo Municipal. Cualquier acción contraria altera el orden constitucional. Esta declaración surge en respuesta a la aprobación de la resolución el 22 de enero de 2026.

La Asamblea Nacional aprobó con 77 votos afirmativos una resolución que inicia un proceso de fiscalización sobre la gestión de residuos y el manejo del agua en las principales ciudades del Ecuador. Ella exhorta a la Contraloría General del Estado a realizar exámenes especiales inmediatos a Interagua y a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP). Además, insta al Ministerio de Ambiente y Energía a reforzar mecanismos de monitoreo y control de la calidad del agua potable.

Los gobiernos autónomos descentralizados, incluido el de Guayaquil, deben presentar informes trimestrales detallados. Esta medida busca verificar inversiones en infraestructura y el uso de fondos recaudados de tarifas. Poveda sostiene que la Asamblea carece de facultades constitucionales para fiscalizar gobiernos autónomos descentralizados. Él argumenta que solo los concejales locales ejercen esa función. Por lo tanto, la resolución representa un intento de persecución política contra administraciones no alineadas con el poder central. Además, el alcalde Aquiles Alvarez reacciona en su cuenta de X con un mensaje directo: "Solo joden y nada más". 

Frente a cuestionamientos sobre la calidad del agua potable, Poveda presenta respaldos técnicos. Él menciona el certificado del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) con vigencia hasta 2028. Cuatro estudios de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) descartan residuos fecales en el agua distribuida. Por consiguiente, el funcionario asegura que los guayaquileños consumen el agua con mayor tratamiento a nivel nacional. Sin embargo, críticos alertan sobre contaminación en el río Daule y descargas sin tratamiento.

Antecedentes de la crisis hídrica en Guayaquil

El crecimiento acelerado de Guayaquil vuelve insuficientes las lagunas de oxidación para el tratamiento de aguas residuales. Por esa razón, el Municipio construye la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Merinos. Poveda revela que, al asumir la administración, la obra registraba solo un 13% de avance, pese a que debieron entregarla hace dos años. Actualmente, alcanza el 71% de cumplimiento. Él cuestiona por qué la anterior alcaldesa no completó el proyecto.

La resolución de la Asamblea menciona un plan de acción que las autoridades nacionales exigen. No obstante, Poveda afirma que el Municipio presentó dicho plan el año anterior sin recibir respuesta. Él acusa al gobierno de ignorar propuestas porque prefiere crear narrativas falsas. De esta manera, distraen la atención de escándalos nacionales como Healthbird, Progen, ATM y un Porsche Cayenne en Isla Trinitaria. Además, menciona conflictos de interés en la Judicatura.

Expertos independientes, como laboratorios certificados bajo supervisión de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), realizan pruebas periódicas. Sin embargo, reportes de medios indican que el 40% de aguas residuales se descarga sin tratamiento adecuado. Esto genera abandono en ejecución y falta de inversión. La polémica escaló cuando la ministra Inés Manzano presentó agua contaminada al alcalde Alvarez en un acto público.

Implicaciones políticas y constitucionales

La Asamblea, liderada por la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), incorporó el tema al orden del día en la sesión plenaria 051. El asambleísta Alex Morán presenta la moción, alertando sobre contaminación específica en Guayaquil. Videos de la votación muestran el debate acalorado. Mientras tanto, el Municipio califica la acción como un show político para tapar problemas mayores. Poveda enfatiza que no olvidan irregularidades nacionales.

Poveda concluye que la resolución forma parte de un patrón político. Primero atacaron a Quito, ahora a Guayaquil. Ambas ciudades cuentan con gobiernos no alineados con intereses del poder central. Por consiguiente, el coordinador jurídico advierte que intentan sobreponer discursos falsos en el imaginario público. Él asegura que el Municipio seguirá siendo una voz incómoda ante barbaridades. 

La Contraloría General del Estado recibe el exhorto oficial de la Asamblea. Sin embargo, hasta el 23 de enero de 2026, no inicia acciones formales de fiscalización. Fuentes oficiales indican que evaluarán el cumplimiento de contratos de concesión. Además, examinarán el destino de fondos de tarifas. Mientras, el Municipio prepara defensas legales para impugnar la resolución. Expertos constitucionales debaten si viola la descentralización establecida en la Constitución de 2008.

Perspectivas futuras y reacciones ciudadanas

Alvarez denuncia que la Asamblea bloquea su solicitud para comparecer directamente. Él busca responder acusaciones en persona. Mientras tanto, asambleístas de Revolución Ciudadana condenan acciones en casos relacionados. Esta dinámica aumenta la polarización. Por consiguiente, observadores esperan resoluciones judiciales. La ciudadanía sigue el debate en redes sociales.

Por su parte, el Municipio destaca que la Planta Los Merinos representa esperanza para resolver problemas residuales. Con 71% de avance, promete tratamiento eficiente. La anterior administración dejó solo un 13%. 

Finalmente, Poveda sentencia que no tienen memoria selectiva. El Municipio persiste en preguntas incómodas. Esta controversia resalta las tensiones entre autonomía local y control nacional. Ciudadanos demandan soluciones concretas para el agua limpia, mientras destacan que la resolución marca un hito en fiscalización ambiental para 2026.