La consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa ha generado controversia por algunas de sus preguntas planteadas. Abogados y expertos en el tema critican particularmente la sexta pregunta, que plantea si los jueces de la Corte Constitucional deben estar sujetos a juicio político. Esta propuesta, que contradice el artículo 431 de la Constitución, ha sido señalada como un riesgo para la independencia judicial. En una entrevista de Manavisión Plus, Arturo Moscoso, abogado, politólogo e integrante del Foro de la Democracia, analizó dicha interrogante.
Someter a jueces en juicios es un “absoluto despropósito”
Moscoso calificó la sexta pregunta como un “absoluto despropósito”. Explicó que los jueces constitucionales no deben estar sujetos a juicio político debido a la naturaleza de su función. “En una república moderna, tenemos tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero también organismos autónomos como la Fiscalía, la Contraloría y la Corte Constitucional. Estos últimos no pueden estar bajo control político porque sus decisiones deben ser independientes”, afirmó. Según el experto, permitir juicios políticos contra jueces constitucionales abriría la puerta a enjuiciarlos por sus sentencias, lo que generaría presión para que fallen según intereses políticos. “Abrir esa puerta significa que un juez podría ser destituido porque su sentencia no gusta. Eso es un peligro para la democracia”, subrayó Moscoso.
El abogado aclaró que los jueces no son intocables. Existen mecanismos para sancionarlos por delitos o actos contrarios a la ley. “Si un juez comete un delito, la Fiscalía puede investigarlo y la Corte Nacional de Justicia procesarlo. También hay procedimientos internos en la Corte Constitucional para destituir a un juez que incumpla sus funciones”, explicó. Moscoso enfatizó que estos procesos se aplican a actos personales, no a las sentencias. “Decir que los jueces son intocables es falso. Lo que se protege es su independencia frente a presiones políticas”, afirmó, citando precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben el control político sobre tribunales constitucionales. “En ninguna democracia seria se somete a los jueces constitucionales a juicio político”, insistió.
Fricción entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional
La Corte suspendió parcialmente tres proyectos de ley urgentes presentados por Noboa y aprobados por la Asamblea Nacional, por considerar que violaban la Constitución y los derechos humanos. Moscoso criticó al gobierno por culpar a la Corte de obstaculizar la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. “Es una absoluta vergüenza que el Ejecutivo convoque una marcha contra la Corte Constitucional, un organismo que solo cumple con velar por la constitucionalidad de las leyes”, afirmó. Según el abogado, los errores estuvieron en el gobierno y la Asamblea, que enviaron proyectos con fallos graves. “Los proyectos violaron el procedimiento parlamentario y derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio, las comunicaciones y los derechos de menores. El Ejecutivo tuvo tres oportunidades para corregir: al enviar el proyecto, en la Asamblea y con el veto presidencial, pero no lo hizo”, detalló.
Moscoso alertó que la consulta parece diseñada para presionar a la Corte. “La suspensión de las leyes fue temporal, pero el gobierno usa esto para pintar a la Corte como enemiga de la seguridad ciudadana, lo cual es falso”, dijo. Además, señaló un problema jurídico: la sexta pregunta no puede aprobarse mediante una simple consulta popular, ya que modificar el artículo 431 requiere una reforma parcial de la Constitución. “Si la Corte rechaza la pregunta, el Ejecutivo podría acusarla de protegerse a sí misma, alimentando un discurso populista que polariza al país”, advirtió. Moscoso también condenó la marcha convocada por el gobierno, a la que se sumaron 69 legisladores de la bancada oficialista con permiso sin sueldo. “Es un pésimo precedente que un poder del Estado ataque a otro porque no le gustan sus decisiones. Esto pone en riesgo incluso la seguridad de los jueces”, afirmó. También, criticó que Daniel Noboa liderará protesta contra la Corte Constitucional.
Propuestas para una democracia sólida
Como integrante del Foro de la Democracia, Moscoso propuso alternativas para abordar los problemas estructurales del país, más allá de la consulta popular. En lugar de preguntas que debiliten la institucionalidad, sugirió enfocarse en la crisis de seguridad desde sus causas. “El gobierno debe depurar la justicia, que está permeada por la corrupción y el crimen organizado. También se necesitan políticas públicas para ofrecer oportunidades a los jóvenes, que caen en grupos delictivos por falta de empleo y educación”, explicó. Moscoso señaló que leyes más duras no resuelven el crimen, según estudios internacionales. “Lo que desincentiva el delito es una justicia que funcione, no leyes que violen derechos”, afirmó.
El experto criticó preguntas de la consulta, como la reapertura de casinos, que considera irrelevante. “Si alguien quiere jugar, es su decisión. El gobierno tiene herramientas para abordar el bienestar social sin necesidad de consultas”, dijo. En cambio, propuso una reforma profunda al sistema político. “Tenemos casi 300 organizaciones políticas, muchas sin ideología ni programas. Necesitamos partidos serios, no de alquiler”, afirmó. Moscoso mencionó que el Foro de la Democracia, junto a expertos como Simón Pachano y Medardo Leas, ha elaborado propuestas para fortalecer los partidos políticos y garantizar una representación genuina.
Moscoso manifestó estar a favor de la eliminación del CPCCS
Sobre el Consejo de Participación Ciudadana, Moscoso apoyó su eliminación, pero insistió en que debe hacerse mediante una reforma parcial, no una consulta directa. “Eliminar el Consejo sería positivo, pero requiere un proceso legal adecuado, como el que siguió la pregunta sobre bases extranjeras”, explicó. Respecto a esta última, el abogado la respaldó: “En un mundo globalizado, la colaboración internacional es clave contra el crimen transnacional. La soberanía no debe ser una excusa para limitar la lucha contra el narcotráfico”.
Moscoso también expresó preocupación por la polarización generada por el gobierno. “Carteles con rostros de jueces acusándolos de quitar la paz al país son una vergüenza. Esto no solo desestabiliza, sino que pone en riesgo la vida de los jueces”, afirmó. Advirtió que estas acciones podrían derivar en un “autoritarismo” similar al del correísmo, que buscó controlar todas las funciones del Estado. “El correísmo aplaude esta pregunta porque ya hizo lo mismo: cooptar instituciones para tener poder total”, dijo.
Finalmente, Moscoso señaló que la Corte Constitucional será el último filtro para las preguntas de la consulta. “Si observa la sexta pregunta, estará cumpliendo su rol de garantizar la constitucionalidad, no obstruyendo”, afirmó. Sin embargo, alertó que el gobierno podría usar un eventual rechazo para intensificar su discurso contra la Corte. “Esto es peligroso. Estamos a un paso de un escenario donde el Ejecutivo actúe sin cortapisas, lo que nos acercaría a una dictadura”, concluyó.
