El 31 de julio de 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó la sentencia de tres años de prisión contra un agente civil de tránsito (ACT) por el delito de concusión. El funcionario exigió USD 300 en julio de 2023 tras un siniestro vial ocurrido en Quito.
Autoridades confirmaron prueba clave
La víctima denunció que el agente solicitó dinero como condición para reparar un bien público afectado durante el accidente. La transferencia bancaria se hizo directamente a la cuenta del funcionario, lo que fortaleció la prueba.
El proceso judicial se desarrolló bajo el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Fiscalía presentó evidencia suficiente y logró que el tribunal lo declare autor directo del delito.
El agente presentó un recurso de apelación, pero el tribunal lo rechazó el 29 de julio de 2025, ratificando la sentencia inicial.
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Castigo incluye sanción económica y disculpas
Además de la pena privativa de libertad, el condenado deberá pagar diez salarios básicos unificados. El fallo también exige disculpas públicas dirigidas a la AMT y la publicación de la sentencia durante tres meses consecutivos.
La AMT recalcó su política de cero tolerancia frente a actos de corrupción, y reafirmó su compromiso con un servicio ético, transparente y responsable.
El caso marca un precedente en el combate institucional contra la corrupción. La entidad destacó la importancia de la colaboración ciudadana para sancionar estas conductas.
AMT fortalece controles internos tras agente de tránsito sentenciado por concusión
La Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que reforzará sus controles internos y capacitará a su personal operativo y administrativo. Estas medidas buscan asegurar que todos los funcionarios actúen dentro del marco legal.
La entidad exhortó a la ciudadanía a denunciar irregularidades mediante los canales oficiales. Cualquier intento de soborno o abuso de poder deberá reportarse inmediatamente para aplicar sanciones oportunas.
Voceros institucionales explicaron que el objetivo es recuperar la confianza pública y garantizar que el servicio de tránsito opere con transparencia y eficiencia.
La concusión y su impacto legal
El delito de concusión afecta la relación entre ciudadanía y servidores públicos. Según el COIP, quienes abusan de su cargo para obtener beneficios económicos pueden recibir penas de hasta cinco años de cárcel.
Este caso demuestra que la justicia actúa con firmeza y que ninguna autoridad está por encima de la ley. Las instituciones municipales reafirman su deber de sancionar todo acto indebido.
La AMT recordó que la ética en el servicio público no admite excepciones. Toda conducta irregular será procesada conforme al derecho vigente (5).
