El 13 de marzo de 2026, Ecuador y Estados Unidos firmaron el denominado Acuerdo de Comercio Recíproco (ACR), una iniciativa que el Gobierno presenta como una puerta para dinamizar las exportaciones no petroleras. No obstante, a pocos días del anuncio, el convenio ya genera un intenso debate sobre su verdadero alcance y sus efectos en la economía nacional.

Según el Ministerio de Producción, el acuerdo permitiría eliminar una sobretasa arancelaria del 53% que actualmente afecta a exportaciones ecuatorianas valoradas en 2.786 millones de dólares en 2025. Esto implicaría que una parte importante de la oferta exportable pueda ingresar al mercado estadounidense en condiciones más competitivas.

Sin embargo, el beneficio está condicionado por el tiempo. Para que tenga un efecto real, el acuerdo debe entrar en vigor antes de julio de 2026, fecha en la que dicha sobretasa caducaría de forma natural. En ese escenario, el impacto del ACR podría diluirse incluso antes de consolidarse.

A esto se suma la incertidumbre jurídica interna. Hasta el 19 de marzo, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre el acuerdo ni ha definido si lo remitirá a la Asamblea Nacional para su aprobación, un paso clave para su implementación.

Un acceso parcial al mercado

Diversos análisis coinciden en que el acceso que obtiene Ecuador al mercado estadounidense es limitado. La Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) sostiene que el acuerdo no mejora las condiciones previas a abril de 2025 —cuando se impusieron los aranceles—, sino que apenas restituye parcialmente el acceso existente.

En la misma línea, el economista Alberto Acosta Burneo señala que el ACR ofrece una apertura selectiva, centrada principalmente en productos con bajo valor agregado. Esto contrasta con una apertura mucho más amplia del mercado ecuatoriano hacia los productos norteamericanos.

De hecho, cifras del sector privado indican que el acuerdo beneficiaría apenas a cerca del 15% de las exportaciones ecuatorianas, concentrando gran parte de las ventajas en el sector florícola. En cambio, Ecuador abriría su mercado en más del 90% de sus líneas arancelarias.

Concesiones amplias y permanentes

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la asimetría del acuerdo. Mientras los beneficios para Ecuador podrían ser temporales, las concesiones asumidas serían permanentes.

Entre ellas destaca la reducción de aranceles para importaciones desde Estados Unidos, especialmente en maquinaria, equipos industriales e insumos. Si bien esto podría abaratar costos y modernizar la producción, también incrementa la presión competitiva para la industria local.

Además, el acuerdo contempla la eliminación del Sistema Andino de Bandas de Precios, un mecanismo clave para proteger productos sensibles frente a la volatilidad internacional. Su desaparición podría afectar gravemente a sectores agrícolas vulnerables.

Desde la perspectiva estadounidense, el convenio abre oportunidades significativas. Según la Casa Blanca, más del 90% de sus productos agrícolas obtendrían acceso preferencial al mercado ecuatoriano, incluyendo soya, carnes, lácteos, frutas y bebidas alcohólicas.

Impacto en sectores productivos

Los gremios productivos han expresado preocupación por los posibles efectos del acuerdo. Representantes del sector agrícola aseguran que no fueron consultados durante el proceso de negociación.

Industrias como la avícola, porcícola y láctea figuran entre las más expuestas. La entrada de productos estadounidenses —generalmente más competitivos por sus menores costos de producción— podría desplazar a productores locales, afectando el empleo y las cadenas productivas.

Otro punto sensible es la autorización para importar bienes remanufacturados, lo que podría incluir productos usados como vehículos o textiles. Esto genera inquietudes sobre la competencia desleal y los estándares de calidad en el mercado interno.

Más allá del comercio

El ACR no se limita al intercambio de bienes; también incluye compromisos en áreas como propiedad intelectual, comercio digital y normas laborales.

En este último ámbito, se plantean cambios en la organización sindical y la negociación colectiva. Expertos advierten que estas disposiciones podrían tener efectos complejos en un país con alta informalidad laboral y rigideces en el mercado de trabajo.

Asimismo, Ecuador se compromete a reconocer estándares técnicos y regulatorios de Estados Unidos en sectores como el automotriz, farmacéutico y de dispositivos médicos. Esto podría facilitar el comercio, pero también implica una adaptación normativa unilateral.

Un acuerdo bajo cuestionamiento

Para los críticos del ACR, el principal problema radica en su naturaleza asimétrica. Mientras Ecuador asume compromisos amplios —incluso en ámbitos no directamente comerciales—, Estados Unidos otorga beneficios acotados y condicionados.

El presidente Daniel Noboa ha defendido el acuerdo como una herramienta para generar oportunidades y modernizar la economía. Sin embargo, analistas advierten que su efectividad dependerá de factores externos, como las decisiones judiciales en Estados Unidos sobre las sobretasas.

Incluso el rol de Donald Trump en la política comercial estadounidense introduce un elemento adicional de incertidumbre, dada la posibilidad de cambios repentinos en las reglas del juego.

¿Oportunidad o riesgo?

Desde el sector exportador, algunos ven el acuerdo como un punto de partida. La posibilidad de importar maquinaria más barata podría mejorar la productividad y sentar las bases para un tratado comercial más amplio en el futuro.

Sin embargo, el balance general sigue siendo motivo de debate. Para centros de análisis como Cordes, el país podría estar cediendo más de lo que recibe. En este contexto, expertos y gremios coinciden en la necesidad de transparentar el contenido del acuerdo y promover un debate nacional antes de su ratificación. (10).