El 25 de julio de 2025, el Gobierno de Ecuador comenzó la desvinculación de 5,000 funcionarios públicos bajo el Decreto Ejecutivo n.º 60, dentro de un plan de eficiencia administrativa. Una funcionaria de Petroecuador, con 18 años de servicio, presentó una acción de protección por su despido. El abogado Luis Ávila Linzán patrocina el caso, argumentando violaciones de derechos. La notificación de desvinculación se dio mediante un correo institucional.
Ávila señaló que el despido carece de un informe técnico que lo justifique. La funcionaria, con contratos ocasionales y evaluaciones positivas, recibió la notificación sin motivación clara. El gerente general (s) de Petroecuador ordenó una reestructuración organizacional, según un correo del 25 de julio. La medida busca optimizar el talento humano, pero no detalla razones específicas para cada caso.
El abogado afirmó que los despidos, basados en disposiciones verbales, incumplen principios de legalidad y seguridad jurídica. La funcionaria trabajaba bajo normas vigentes al firmar su contrato, no bajo la nueva ley. Ávila presentó la acción de protección ante la justicia constitucional, alegando violación de la estabilidad laboral.
Acción de protección y derechos laborales
La acción de protección cuestiona la falta de motivación en el despido. Ávila destacó que la mayoría de los 5,000 desvinculados tenían calificaciones de excelencia. Sin embargo, las decisiones se tomaron sin informes técnicos. El caso podría escalar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si la justicia local lo rechaza.
El proceso enfrenta retos, ya que los jueces están bajo evaluación y podrían temer sanciones. Ávila señaló presiones sobre el Poder Judicial, lo que complica la defensa. La funcionaria busca revertir su despido y proteger su estabilidad económica. La acción se presentó esta semana.
Contexto de las desvinculaciones
El plan de eficiencia administrativa, anunciado por la vocera presidencial Carolina Jaramillo, incluye la fusión de entidades y reducción de ministerios. La funcionaria de Petroecuador, con 18 años de experiencia, no recibió justificación técnica para su desvinculación. Otros casos similares podrían surgir, según Ávila.
La acción de protección busca garantizar el respeto a los derechos laborales. Los despidos masivos han generado preocupación entre los funcionarios públicos. Ávila prepara pruebas para demostrar la arbitrariedad de la medida. La justicia constitucional evaluará el caso en los próximos días.
