El trabajo del CPCCS y la fragmentación política en Ecuador, generan un desafío estructural desde antes de la Constitución de 2008, que siguen marcando el panorama nacional. Con más de 200 organizaciones políticas antes de la reforma de 2008, el país intentó ordenar el sistema exigiendo la reinscripción de partidos, pero el problema persiste.
En 2023, las elecciones seccionales mostraron esta atomización, con 12 candidatos en Quito y 11 en Guayaquil, donde ningún ganador superó el 40% de los votos. El analista político Wilmer Suárez, en entrevista en Manavisión Plus, señala que esta fragmentación, agravada por la polarización social, dificulta la gobernabilidad.
Para diciembre de 2025, una consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa busca abordar estos problemas, incluyendo la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
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— Manavisión Canal 9 (@manavisionec) July 30, 2025
Raíces de la fragmentación política
La fragmentación política en Ecuador tiene raíces históricas. Antes de 2008, la multiplicidad de partidos y movimientos, muchos sin bases sólidas, generaba inestabilidad, explicó el analista político. La Constitución de 2008 creó el CPCCS para promover la participación ciudadana y designar autoridades de control, pero su implementación falló.
Suárez critica que el CPCCS no cumple su propósito de combatir la corrupción ni fomentar la participación, convirtiéndose en un espacio politizado. En 2023, la Corte Constitucional destituyó a sus miembros por incumplimientos, evidenciando su crisis interna. La fragmentación se refleja en la Asamblea Nacional, donde la coalición Revolución Ciudadana-RETO (67 escaños) y Acción Democrática Nacional (66 escaños) dominan, pero sin mayorías claras.
Consulta popular: Un punto delos inflexión
El presidente Noboa anunció una consulta popular para el 14 de diciembre de 2025, que incluirá temas como la eliminación del CPCCS, bases militares extranjeras y financiamiento político. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), la consulta costará USD 60 millones, con un padrón de 13.6 millones de votantes.
En 2024, un referéndum similar logró un 72% de participación, aprobando nueve de 11 preguntas, todas relacionadas con seguridad. Suárez propone priorizar la eliminación del CPCCS, reducir el número de partidos políticos y reformar el sistema de justicia, que califica como “débil y politizado”.
La Procuraduría General aprobó en 2024 la renovación parcial del CNE, pero el CPCCS, encargado de ejecutarla, enfrenta disputas internas que complican el proceso. El CPCCS, creado como quinta función del Estado, buscaba garantizar la transparencia y designar autoridades como el Fiscal General. Sin embargo, Suárez lo describe como un brazo político ejecutor de los gobiernos de turno y una buena idea mal implementada.
#Entrevista | Wilmer Suárez, analista político, y la posibilidad de los temas que pueden abordarse en la consulta popular 2025. pic.twitter.com/C2aGn8Nvw4
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El CPCCS: Una idea fallida
“EL CPCS Entorpece procesos de elección como Fiscal General y de los vocales del Consejo Electoral; le ha quedado debiendo al Ecuador”, expresó. Suárez argumenta que su eliminación fortalecería la democracia representativa. Además, sugiere que se incluya en la consulta popular temas como la aprobación de bases militares extranjeras en el territorio, el financiamiento de las organizaciones políticas y podría ingresar la castración química para violadores.
El analista político aseguró que tampoco han visto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con una promoción eficiente de participación ciudadana, ni tampoco siendo parte activa de la lucha contra la corrupción. La consulta popular de diciembre enfrenta retos logísticos y políticos. El CNE, en proceso de renovación parcial, debe garantizar transparencia en un contexto de polarización.
Desafíos y expectativas para 2025
La fragmentación política complica los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo. En 2025, la Asamblea, con 137 escaños, refleja la polarización. Suárez aboga por reducir el número de partidos, que en 2023 alcanzó 70 movimientos nacionales y locales.
La consulta de 2024, que exigió un 1.5% del padrón electoral para inscribir partidos, no resolvió el problema. Además, Suárez propone judicaturas especializadas y mayor autonomía para la Fiscalía, medidas que podrían incluirse en la consulta. La ciudadanía, con un 82% de participación en la primera vuelta de las elecciones de 2025, exige cambios estructurales.
