El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este lunes que se siguieron «los procedimientos legales» para el proceso de deportación de mil presos colombianos, que comenzó el pasado viernes. En entrevista con la radio Sucre, el mandatario sostuvo que «no podemos mantener a mil presos colombianos en cárceles ecuatorianas, y encima siendo grupo prioritario».

Noboa recordó que «un preso extranjero tiene prioridad, por ejemplo en salud sobre un joven ecuatoriano de 20 ó 21 años«, explicando que «los PPL (personas privadas de la libertad) son grupos prioritarios«. Este argumento sustenta la difícil decisión que enfrenta Ecuador en su sistema penitenciario, afectado por el hacinamiento y la violencia.

Tensión diplomática y pronunciamientos oficiales

La Cancillería de Colombia expresó el viernes «su más enérgica protesta» por la deportación de presos, y denunció que Ecuador inició el proceso «de manera unilateral», sin un protocolo, lo que impide «la plena identificación de los ciudadanos deportados». Según Colombia, estas acciones incumplen las normas internacionales que prohíben «las deportaciones masivas«.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano negó que se trate de «deportación colectiva» y aseguró que se garantiza «el respeto al debido proceso mediante la emisión de resoluciones individuales debidamente motivadas y la correspondiente boleta de excarcelación emitida por la autoridad judicial especializada». Además, manifestó que comunicó oficialmente al Consulado de Colombia desde el 8 de julio sobre el proceso.

Ecuador: medidas para contrarrestar el crimen organizado

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, declaró que los 1.000 presos deportados tienen «prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años«. Reimberg afirmó en su cuenta en X que «no vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles».

Asimismo, el funcionario explicó que los presos estaban finalizando sus condenas por «robo, receptación, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad». Este traslado forma parte de la política de «tolerancia cero con el crimen organizado» que lleva adelante el Gobierno de Ecuador.