El Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, incluyó a trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en los 5.000 despidos anunciados el 24 de julio como parte de un plan de eficiencia administrativa. El ministro Roberto Luque confirmó este viernes 25 de julio en Guayaquil que varios de los separados eran contratistas del Estado, algunos involucrados en irregularidades.
Los despidos arrancaron el jueves 24 de julio
Roberto Luque detalló que los despidos, efectivos desde el jueves 24 de julio tras el anuncio de la vocera presidencial Carolina Jaramillo, incluyeron a funcionarios de coordinaciones financieras que solicitaban dinero para agilizar trámites de planillas. También se desvinculó a coordinadores y abogados de direcciones zonales y distritales que, según el ministro, realizaban denuncias falsas al Servicio de Contratación Pública (Sercop) haciéndose pasar por contratistas.
Además, mencionó casos de funcionarios con sueldos de USD 1.000 que actuaban como contratistas del Estado, afectando los intereses públicos. “Sabemos que hay funcionarios que están quedándose sin trabajo, pero también tenemos de lo otro, gente que le hace daño al Estado y que no se suma”, afirmó Luque. El ministro defendió los recortes como una medida para optimizar la gestión pública y eliminar prácticas que perjudican al país.
Una reducción de 20 a 14 ministerios
El plan de eficiencia administrativa de Noboa, que incluye la reducción de 20 a 14 ministerios y la eliminación de 5.000 plazas, ha generado una fuerte reacción en diversos sectores. La oposición, encabezada por el correísmo, ha cuestionado la medida, al igual que el movimiento indígena y colectivos ambientalistas, feministas y culturales, que han expresado su rechazo a los despidos masivos. Estas críticas señalan el impacto social de los recortes en un contexto de desafíos económicos y laborales.
El anuncio de los despidos se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por reestructurar la administración pública. Buscando reducir el gasto estatal y mejorar la eficiencia en la gestión. Sin embargo, la desvinculación de trabajadores, incluidos aquellos señalados por irregularidades, ha avivado el debate sobre el equilibrio entre la optimización administrativa. Asimismo, la estabilidad laboral de los empleados públicos.
Uno de los sectores más afectados
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, uno de los sectores afectados, ha sido señalado como un área clave para implementar estas reformas. Dado su rol en la infraestructura y la gestión de recursos públicos. Las autoridades no han precisado el número exacto de trabajadores separados en este ministerio, pero el proceso continúa generando controversia en el país.
