El Supremo Tribunal de Justicia ordenó medidas cautelares a Jair Bolsonaro el 18 de julio de 2025 en Brasilia por un supuesto golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, citando riesgo de fuga.
Bolsonaro bajo estrictas medidas judiciales
El 18 de julio de 2025, el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil impuso medidas cautelares al expresidente Jair Bolsonaro en una investigación por un supuesto golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las restricciones incluyen el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales, debido al riesgo de fuga. La Policía Federal registró la residencia de Bolsonaro en Brasilia, incautando 14.000 dólares, 8.000 reales (equivalentes a 290.000 pesos mexicanos), un celular y una USB oculta en el baño, cuya existencia el exmandatario negó conocer.
Bolsonaro, descrito como ultraconservador, calificó las medidas como una “máxima humillación” durante un encuentro con la prensa. Afirmó que nunca planeó abandonar Brasil y acusó al fiscal general, Paulo Gonet Branco, de basar el caso en “conjeturas” sin pruebas sólidas. Por su parte, un ciudadano interrumpió la entrevista tocando la marcha fúnebre, recordando que una condena podría implicar hasta 40 años de prisión.
Acusaciones de maniobras internacionales
La Policía Federal señaló que Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsonaro contactaron a autoridades del Gobierno de Estados Unidos en los últimos meses para presionar por sanciones contra “agentes públicos” de Brasil. Estas acciones, según la policía, buscaban debilitar al gobierno de Lula da Silva. La investigación apunta a una red que habría planeado desestabilizar el orden democrático tras las elecciones de 2022, cuando Lula derrotó a Bolsonaro.
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo a Bolsonaro mediante una carta. Trump describió el trato de la justicia brasileña como “terrible” y criticó el “ridículo régimen de censura” del gobierno de Lula. Además, afirmó que ha manifestado su desaprobación públicamente y a través de políticas arancelarias, lo que ha generado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. La carta de Trump, publicada el 17 de julio de 2025, intensificó las tensiones bilaterales.
Más detalles del caso
El proceso contra Bolsonaro se centra en un supuesto plan golpista que incluiría reuniones con militares y políticos para anular los resultados electorales de 2022. La USB incautada, según fuentes policiales, podría contener información clave, aunque Bolsonaro insiste en su desconocimiento. La sentencia del caso se espera en las próximas semanas, y una condena podría resultar en una pena de hasta 40 años, según el Supremo Tribunal.
Mientras tanto, Bolsonaro enfrenta otras investigaciones, incluyendo una por incitación a la violencia tras los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia. La tobillera electrónica limita sus movimientos, y la prohibición de redes sociales busca evitar que difunda mensajes que puedan influir en la investigación.
El papel de Trump en el caso
La crisis diplomática con Estados Unidos añade presión al caso. Trump ha amenazado con nuevas medidas arancelarias si Brasil no reconsidera el trato a Bolsonaro. En respuesta, el gobierno de Lula da Silva defendió la independencia judicial, afirmando que las medidas cautelares son legales y necesarias. Lula, en un discurso el 18 de julio, llamó a respetar las instituciones democráticas.
Por su parte, Eduardo Bolsonaro negó las acusaciones de maniobras internacionales, calificándolas de “fabricaciones” en un post en X. Sin embargo, la Policía Federal mantiene que las comunicaciones con funcionarios estadounidenses están documentadas. El caso ha polarizado a Brasil, con manifestaciones de apoyo y rechazo a Bolsonaro en Brasilia y São Paulo.
