Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública, un proyecto presentado por el presidente Daniel Noboa como urgente económico. El objetivo es combatir la corrupción, fortalecer las instituciones públicas y garantizar que los servicios estatales respondan a las necesidades ciudadanas. La propuesta incluye reformas a 20 cuerpos normativos para enfrentar problemas estructurales. Durante el debate, legisladores destacaron la relevancia de esta iniciativa.
La ley aborda cuatro ejes principales: contratación pública, fortalecimiento institucional, gestión pública integral y erradicación de redes delictivas que afectan a la niñez. Valentina Centeno, ponente del informe, explicó que la norma busca promover un Ecuador transparente y justo. Además, se incorporaron elementos propuestos por el legislador Andrés Castillo, como el balance del Banco Central y sanciones de expulsión para extranjeros delincuentes.
Diez legisladores participaron en el debate, abordando temas como sanciones por prevaricato, democratización de la contratación pública y prevención del uso de jóvenes por el crimen organizado. También se discutieron penas de hasta 15 años para adolescentes infractores y la depuración del Registro Único de Proveedores. La norma busca soluciones integrales para la inseguridad y la corrupción.
Ley de Integridad Pública: Un enfoque estructural
La legisladora Centeno subrayó que la ley no solo se centra en la contratación pública, sino que propone reformas amplias para enfrentar la corrupción en múltiples dimensiones. Entre los puntos clave está la declaratoria de emergencia judicial para agilizar procesos. Asimismo, se plantea reducir el hacinamiento carcelario y evaluar el desempeño de servidores públicos. Estas medidas buscan mejorar la eficiencia del sector público.
El proyecto también incorpora la prohibición de retorno al país para extranjeros que cometan delitos, en el contexto del conflicto armado interno. Además, se fortalecen las políticas de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. Los legisladores destacaron la necesidad de proteger la economía popular y solidaria mediante una reserva de mercado. Estas reformas pretenden garantizar una gestión pública más transparente.
Impacto en la seguridad
Durante el debate de la Ley de Integridad Pública, se enfatizó la importancia de prevenir el reclutamiento de jóvenes por redes delictivas. La ley propone medidas para sancionar a adolescentes infractores, pero también para protegerlos de la criminalidad. Centeno afirmó que la norma envía un mensaje claro contra la impunidad. Los legisladores coincidieron en que la corrupción debe enfrentarse con acciones concretas.
La aprobación de esta ley marca un paso hacia la reestructuración del sector público en Ecuador. La normativa busca no solo combatir la corrupción, sino también fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. El proyecto, ahora aprobado, espera su implementación para generar cambios estructurales en el país.
