Un tribunal federal en Massachusetts revocó este viernes la decisión de la Administración Trump que prohibía la matriculación de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, tras admitir una moción de emergencia presentada por la institución educativa. El fallo fue emitido por la magistrada Allison Burroughs, quien determinó que la orden del Gobierno carecía de fundamento legal suficiente y vulneraba derechos constitucionales.

Fallo a favor de Harvard en conflicto con la Casa Blanca

La decisión judicial llega menos de 24 horas después de que el Ejecutivo federal impusiera una restricción directa que impedía la inscripción de alumnos extranjeros para el ciclo académico 2025–2026, alegando que Harvard promovía un entorno supuestamente “proterrorista” y “antisemita” debido a expresiones de apoyo a la causa palestina.

En su resolución, la jueza Allison Burroughs calificó la medida como una violación de la Primera Enmienda y de la cláusula de debido proceso, respaldando los argumentos de la universidad sobre la inconstitucionalidad de la orden presidencial. La magistrada también ha sido asignada para deliberar sobre otra demanda relacionada con la congelación de más de 2.500 millones de euros en fondos federales destinados a Harvard, también impulsada por la actual administración.

Repercusiones y contexto político

La revocación representa un importante revés legal para la Casa Blanca, que en las últimas semanas ha intensificado sus críticas a instituciones educativas como Harvard, Yale y Columbia, a las que acusa de ser entornos “hostiles” hacia estudiantes judíos y de permitir protestas que, según la narrativa oficial, alientan discursos extremistas.

La universidad, por su parte, argumentó que la orden presidencial no solo era discriminatoria y punitiva, sino que además atentaba contra el principio de libertad académica y el acceso equitativo a la educación internacional.

«Este fallo es una victoria para nuestros estudiantes y para el derecho a la educación libre de interferencias políticas», señaló un portavoz de Harvard tras conocerse la decisión.

La medida judicial permite que los estudiantes internacionales mantengan su estatus legal y continúen con sus planes académicos sin ser trasladados a otras instituciones ni enfrentarse a procesos de deportación o pérdida de visado.

Perspectivas legales y futuro de la disputa

Aunque la decisión judicial tiene efecto inmediato, la Casa Blanca aún podría apelar ante una instancia superior. Sin embargo, expertos legales consideran que el caso representa una prueba clave sobre los límites del poder ejecutivo en el ámbito educativo y migratorio.

El entorno político en torno al caso sigue tenso, en especial en un año electoral donde la política universitaria se ha convertido en un tema de alta polarización. La postura de la Administración ha sido cuestionada por organizaciones académicas, defensores de derechos civiles y legisladores de la oposición, que acusan al Ejecutivo de usar la ley como herramienta de intimidación ideológica.