El Gobierno de Ecuador tildó de «mordaza» las reformas aprobadas por la oposición en la Asamblea Nacional a la Ley de Comunicación y anunció que el presidente Guillermo Lasso, «evaluará las acciones pertinentes para precautelar la democracia».
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia afirmó en un comunicado emitido en la noche de este jueves 21 de julio, que «la Asamblea Nacional intenta nuevamente restringir la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución».
Las reformas aprobadas en el pleno de la Asamblea pasarán a manos de Lasso, que tiene un plazo de 30 días para promulgarlas o imponerles un veto, con la formulación de observaciones y un texto alternativo que devolvería al Legislativo para su revisión y evaluación.
Estos cambios en la normativa fueron aprobados después de que el pleno rechazase un informe que proponía una nueva ley y aceptase reformar la actual norma bajo la iniciativa realizada por un grupo de asambleístas de la bancada Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa.
Según afirmó la Asamblea en un comunicado, «el objeto de esta ley comprenderá la desconcentración de frecuencias, la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de los medios de comunicación».
En ese sentido, «permite que las personas cuyos derechos se vean afectados por los medios de comunicación social cuenten con mecanismos de defensa expeditos, garantizando que los derechos al honor y buen nombre (…) puedan ser tutelados por el Estado».
La asambleísta Marcela Holguín, de Unes, aclaró que esta propuesta normativa no regula la opinión ni permite sanciones penales, a la vez que indicó que fue trabajada con muchos sectores que tienen que ver con la comunicación, especialmente la comunitaria.
Asimismo, la asambleísta Raisa Corral aseguró que los cambios en la normativa son «en pro del verdadero derecho a la información y a la libertad de expresión responsable».
Por su parte, Salvador Maita, del movimiento indigenista y plurinacional Pachakutik, aseveró que se pretende evitar el monopolio del espectro radioeléctrico y garantizar una comunicación democrática y plural. EFE
