El Gobierno de Ecuador anunció este martes que prevé iniciar a finales de abril el trámite para realizar una consulta popular sobre leyes que han sido negadas por la oposición en la Asamblea Nacional (Parlamento) y otras reformas consideradas claves para el Ejecutivo.
El anuncio lo hizo el propio presidente, Guillermo Lasso, en su programa de radio y televisión «Encontrémonos por la ciudadanía», en el que remarcó que su propuesta de convocar a una consulta popular obedece a que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se ha negado a aprobar varias iniciativas del Gobierno.
«Estamos trabajando en esa consulta popular. Yo espero que antes del 30 de abril poder enviar el primer trámite, la primera carta a la Corte Constitucional para decirle: la intención del Gobierno es llevar a cabo una consulta popular», remarcó el jefe del Estado.
Con ese plebiscito el Gobierno prevé llevar adelante un «conjunto de enmiendas a la Constitución» que permitan fortalecer el sistema político y preguntar al pueblo, entre otras cuestiones, sobre una Ley de Inversiones que ya fue negada en la Asamblea legislativa, agregó Lasso.
«El Gobierno tiene derecho a someter esa ley a consulta popular, para que sea el pueblo el que decida su futuro», añadió el mandatario, de tendencia conservadora.
Lasso dejó entrever, además, que no estaría dispuesto a formar una Asamblea Constituyente para eliminar la actual Carta Magna -aprobada en 2008 durante el Gobierno del izquierdista Rafael Correa (2007-2017)- y volver a la de 1998, de inspiración democristiana.
La posibilidad de que el Gobierno convoque a una consulta popular se afincó en el país a raíz de la negativa de la Asamblea Popular a dar paso al proyecto de la llamada Ley de Inversiones y Generación de Empleo, una propuesta insignia de Lasso para atraer capitales y afianzar las alianzas público-privadas (APP).
Sindicatos, federaciones indígenas, organizaciones sociales y movimientos políticos de izquierdas, entre otros sectores, se opusieron a la propuesta del Gobierno por considerar que esta favorecía a la banca y facilitaba la privatización de las empresas del Estado.
Analistas cercanos a la órbita del Gobierno de Lasso han asegurado que, si las previsiones oficialistas no se alteran, la consulta popular podría realizarse entre septiembre y octubre próximos e incluiría una docena de preguntas sobre reformas políticas y la aprobación de normativas como las leyes de inversiones y empleo.
