El Gobierno de Ecuador renovó por 30 días el estado de excepción en varias provincias, ante la creciente violencia de grupos armados organizados. La medida busca garantizar la paz social.
El 3 de marzo de 2025, el Gobierno del Presidente Daniel Noboa renovó por 30 días la declaración de estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como en el Distrito Metropolitano de Quito y el cantón Camilo Ponce Enríquez. Esta medida responde a la violencia creciente generada por grupos armados organizados, los cuales afectan la seguridad pública y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
El nuevo decreto ejecutivo, firmado el 3 de marzo, establece la extensión del estado de excepción en las mencionadas provincias debido a la «grave conmoción interna» causada por la actividad de los Grupos Armados Organizados (GAO).
En el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se destaca que, aunque la intervención del bloque de seguridad ha logrado contener parte de la violencia, las muertes intencionales y otras actividades delictivas siguen siendo una grave preocupación. Además, se reconoce que los GAO mantienen operaciones para asegurar los corredores de transporte de sustancias ilegales, hidrocarburos, armas y minería ilegal.
El Gobierno busca garantizar el orden público
El Gobierno destaca que la extensión tiene como objetivo primordial garantizar el orden público, la seguridad de los ciudadanos y la paz social, tal como establece la Constitución de Ecuador. De igual forma, se recuerda que los servidores públicos involucrados en abusos durante la ejecución del estado de excepción serán responsables de sus actos, conforme a lo dispuesto en la legislación del país. Esta nueva fase del estado de excepción se ejecutará bajo los términos del Decreto Ejecutivo No. 493 de 2025, con las precisiones realizadas por la Corte Constitucional.
Durante este período, las restricciones incluyen la limitación al derecho a la inviolabilidad de domicilio, correspondencia y la libertad de tránsito, siendo supervisadas por el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y el Centro de Inteligencia Estratégica. Además, el Gobierno notificó de esta extensión a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la ONU y la OEA.
