El juez federal John Coughenour bloqueó de forma cautelar la orden ejecutiva firmada el pasado lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al derecho que concede la ciudadanía estadounidense por haber nacido en el país al considerar que es una medida «descaradamente inconstitucional».
Coughenour accedió a la solicitud presentada por varios fiscales estatales demócratas. También ordenó bloquear la implementación de esta medida durante un periodo de dos semanas.
La medida de Trump está en pausa mientras se realizan nuevas reuniones al respecto. El juez manifestó que, durante sus más de cuatro décadas de servicio, nunca se había enfrentado a una petición «tan clara» como la de los fiscales demócratas.
«¿Dónde estaban los abogados cuando se tomó la decisión de firmar la orden ejecutiva?», se preguntó el juez federal, cuestionando el equipo legal de Trump.
Decisión de Trump en espera
El nuevo presidente tomó posesión del cargo el lunes en Washington. Durante los primeros compases de su segundo mandato firmó una serie de órdenes ejecutivas que incluye la revocación de decenas de políticas de su predecesor, Joe Biden.
Las mismas van contra la migración o indultos a favor de los procesados por el asalto al Capitolio de enero de 2021. Al menos una docena de fiscales estatales demócratas presentó al día siguiente una demanda respecto.
Considera que la retirada de la ciudadanía por derecho de nacimiento supone una violación de la Constitución en su 14ª Enmienda, que reserva la ciudadanía a «toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos».
Cualquier apelación a un posible fallo deberá presentarse ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos. Allí todos los jueces son designados por demócratas.
En caso de que el asunto se enquiste, Trump podría recurrir al Tribunal Supremo, donde los republicanos tienen mayoría. Sin embargo, el máximo tribunal de Justicia de Estados Unidos ratificó en varias ocasiones el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Mientras que el Congreso también aprobó, incluso antes de la ratificación de la 14ª Enmienda en 1868, una ley federal que brinda este derecho. Trump no se ha pronunciado sobre esta decisión.
