La Asamblea Nacional aprobó este sábado 4 de enero una resolución que obliga a los legisladores que buscan reelección a tomar licencia sin sueldo durante la campaña electoral.
La medida entrará en vigencia desde este domingo 5 de enero hasta el 9 de febrero de 2025, tiempo de campaña electoral. El objetivo es garantizar el cumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia.
Con 79 votos a favor, la moción impulsada por el correísta Cristhian Vega obtuvo el respaldo de Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y parte de Construye.
En contra votaron 31 legisladores, principalmente del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Además, 13 asambleístas se abstuvieron, incluidos independientes del legislativo y otros miembros de Construye.
Hubo polémica en el legislativo
La resolución también dispone reemplazar a los legisladores en campaña, suspender su acceso a beneficios y delegar funciones clave al pleno de la Asamblea.
Esta decisión incluye a las autoridades principales del Legislativo. La presidenta Viviana Veloz y los vicepresidentes Otto Vera y Ecknner Recalde, todos candidatos, deberán delegar funciones.
La bancada oficialista calificó la resolución como «atentatoria» a sus derechos y aseguró que no solicitarán licencia. Argumentaron que la actual administración es continuidad del periodo anterior.
Jorge Chamba, legislador oficialista, advirtió sobre posibles errores legales. Rechazó lo que consideró un intento de forzar un cambio en la presidencia del país.
La medida deja fuera al presidente
Por su parte, Viviana Veloz justificó la medida como un mensaje de respeto a la normativa electoral y afirmó que más de 75 legisladores ya solicitaron licencia.
El pleno del Legislativo resolvió además suspender actividades del Consejo de Administración Legislativa (CAL). También de las comisiones lideradas por candidatos, mientras Esther Cuesta asumirá la presidencia interina.
La moción aprobada en la Asamblea Nacional no incluyó obligar al presidente Daniel Noboa a tomar licencia. Este tema generó controversia al interior del Legislativo y en la opinión pública.
