Varios han sido los movimientos políticos que han expresado su sentir respecto a los atentados registrados durante el 1-N en varias provincias de Ecuador.

Uno de ellos es el partido Social Cristiano. A través de un comunicado en Twitter, el movimiento lista 6 se pronunció sobre el estado de excepción decretado por el Presidente Guillermo Lasso, citando una frase del Primer Mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

“El Estado de Excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un Estado de Excepción sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada. Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones», es el mensaje que utilizó Social Cristiano para alegar que “solas acciones las que resuelven los problemas, no las palabras».

Esto generó la reacción de varias personas, incluida la del expresidente Rafael Correa, pues tildan al partido como responsable de que Lasso siga en el poder.

“Ustedes pusieron y sostienen a Lasso. Son responsables del desastre que vivimos. Ya se olvidaron que lo libraron de la Muerte Cruzada en junio?” fue el mensaje que una usuaria posteó y el cual Correa retuiteo.

Basándose en dicho comentario Correa propuso adelantar las elecciones presidenciales, que cree se puede conseguir con los votos que el partido de la lista 6 no dio en la Asamblea Nacional cuando se propuso la Muerte Cruzada.

“Vamos entonces de las palabras a las acciones: con 92 votos en la Asamblea -que los socialcristianos anteriormente negaron- se pueden anticipar elecciones y buscar una salida democrática a esta pesadilla», manifestó.

La salida democrática que Correa alienta permitiría adelantar las elecciones presidenciales, aunque ello implicaría su no participación.

Correa fue condenado a ocho años de prisión por cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”, una trama de corrupción en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a diversas empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.

Además no puede participar en la política durante los próximos 8 años. En ese caso de corrupción fueron procesadas 17 personas entre ministros de su gobierno y empresarios constructores.